Mexicali, BC, 27 de enero. Leslie se halla en el Centro de Readaptación Social de Mexicali desde hace dos años, acusada del delito de homicidio agravado por parentesco. En otras palabras, es un caso de aborto por el cual se le sentenció a 23 años de prisión. No obstante, organizaciones no gubernamentales (ONG) defensoras de los derechos humanos consideran que la joven sufrió un aborto espontáneo.

Por el contrario, la subprocuradora de zona en Mexicali, María Elena Andrade Ramírez, considera que se está hablando de un bebé de 35 a 36 semanas que pesaba dos kilos y medía 50 centímetros, por lo que el Ministerio Público ejercitó acción penal en contra de Leslie (...) por homicidio agravado por razón del parentesco, pues es un niño vivo que fue privado de la vida, lo cual se comprueba con dictámenes periciales y el resultado de la autopsia practicada.

En respuesta, organismos civiles sostuvieron que el asunto debe verse como un problema de salud reproductiva, más que un asunto punitivo o de criminalización, ya que Leslie padeció condiciones de vulnerabilidad por el hecho de ser mujer, además que la sentencia que se le impuso estuvo fuera de toda proporción.

A los 19 años de edad, Leslie se encontraba en un centro escolar y tuvo necesidad de visitar el sanitario. Allí su cuerpo arrojó el producto, de acuerdo con fuentes consultadas. Comenzó a desangrarse y sus familiares la llevaron a un centro de salud.

Ahí se inició su periplo judicial: fue detenida, juzgada y de nada sirvió la asesoría de un defensor de oficio, que incurrió en errores de manera intencional, según las ONG. Los juzgadores consideraron que el aborto fue un acto intencional.

La Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos, el grupo Alaide Foppa, Federación de Mujeres Universitarias de Baja California y la Coordinación Nacional de Mujeres por un Milenio Feminista, se pronunciaron por los derechos de Leslie, quien a su consideración sufrió un aborto espontáneo, y al ser acusada de homicidio agravado por parentesco, la joven padeció una clara violación al principio de igualdad y no discriminación.

Una representante de las ONG mencionadas repudió las injusticias contra las mujeres generadas a raíz de las reformas a la Constitución estatal, que busca proteger la vida desde la concepción hasta la muerte.

De esta manera, agregó, todas las mujeres se convierten en sospechosas, en criminales, lo que obliga a revisar los casos de quienes se encuentran en prisión por interrupción de embarazos.

Señaló que es necesario emitir una alerta por la discriminación del Poder Judicial de Baja California contra Leslie, y afirmó que se cuenta con la asesoría de un reconocido abogado penalista de la entidad, con la finalidad de obtener la liberación de la mujer sentenciada injustamente.

Las organizaciones pidieron que se elimine el nombre de la mujer, para proteger su condición de víctima de discriminación y violencia por parte del Estado. Solicitaron también la realización de un censo de mujeres que están encarceladas por decidir sobre su cuerpo o, como en este caso, por sufrir abortos espontáneos.

Las organizaciones civiles pidieron a la presidenta del Congreso de Baja California, Nancy Sánchez, así como al procurador de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana, Heriberto García, cumplir las normas de protección de los derechos humanos de las mujeres.

El Código Penal de Baja California considera como excepciones para el castigo a la interrupción del embarazo los casos de violación, o cuando se encuentre en peligro la vida de la madre o el producto.