esde México, me uno a los miles, tal vez millones de personas en Brasil y el mundo entero que solicitan a la primera mujer en llegar a la presidencia de su país la revocación inmediata y definitiva del proyecto de construcción en el río Xingú del complejo hidroeléctrico de Belo Monte, en el estado de Pará, el cual se originó durante la dictadura militar que mantuvo a usted y a miles de hombres y mujeres en la cárcel por luchar por una democracia en la que se obedeciera el mandato del pueblo. Pero incluso esa dictadura no se atrevió a instrumentar un proyecto que ha contado desde esos años con la oposición activa e indeclinable tanto de los pueblos indígenas afectados gravemente, como de organizaciones no gubernamentales, organismos políticos, ambientalistas, gremiales, colegios de antropólogos, intelectuales connotados y de las redes solidarias que fuera de Brasil apoyan sus reclamos legítimos y fundados.

Los trabajos de ingeniería en Belo Monte, que se proponen dos megadesviaciones canalizadas del lecho original de uno de los dos principales afluentes del Amazonas, con excavaciones comparadas a las que se hicieron para construir el canal de Panamá, impactarían la vida de los pueblos indígenas asentados en las riberas del río Xingú y regiones aledañas, quienes perderían sus territorios –base material de su existencia y reproducción como entidades colectivas–, recursos naturales, incluida el agua, formas tradicionales de organización social, economía y subsistencia, así como el acceso a la navegación fluvial; asimismo, provocarían la migración abrupta hacia la región de al menos 100 mil personas, con el caos social y humano que esto representa; la muerte de millones de peces, aves y otras especies animales, así como la pérdida irreparable de una rica y variada biodiversidad. En suma, se trata de un etnocidio y un ecocidio, ambos de lesa humanidad.

El 1 de febrero de 2010, antes que cuestiones centrales de evaluación del impacto de la obra fueran esclarecidas, el Ministerio del Medio Ambiente concedió una licencia previa con 40 condicionantes no cumplidas. No obstante, el 26 de enero de 2011 se emitió una licencia de instalación parcial (instrumento jurídico que no existe en la legislación brasileña) para las actividades preparatorias asociadas a la obra, demandada urgentemente por los grupos de presión empresariales de las compañías constructoras y de ingenieros, firmas consultoras y prestadoras de servicios, maquinarias y equipos varios, además de las corporaciones de aluminio y sectores electro-intensivos que apoyan el complejo hidroeléctrico. Precisamente, una de las críticas más agudas a Belo Monte consiste en que el gobierno financiaría los elevados costos de la obra con dinero de los contribuyentes brasileños para subsidiar con energía a las empresas dedicadas principalmente a la exportación de aluminio.

El gobierno que usted preside está obligado a cumplir la jurisprudencia nacional e internacional que establece la consulta libre, informada y verificable de los pueblos indígenas afectados por obras como la de Belo Monte. No obstante, se constata que las audiencias públicas –en las que la construcción de la hidroeléctrica se da como hecho consumado–, han sido una farsa, por lo que los indígenas han abandonado las reuniones para evitar la simulación de que estaban siendo realmente consultados.

La construcción de la presa de Belo Monte significaría el triunfo de una perspectiva desarrollista, etnocida y ecocida por parte de un gobierno que se autocalifica de progresista y que proviene, paradójicamente, de un partido de trabajadores. Como economista, usted sabe que el desarrollismo obedece finalmente a los intereses de grupos corporativos que buscan los mayores beneficios para sus empresas sin importar los costos sociales, culturales y los daños irreversibles en el medio ambiente. Precisamente, Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latino Americano de Ecología Social, de Uruguay, escribe un importante artículo: Diez tesis urgentes sobre el nuevo extractivismo, contextos y demandas bajo el progresismo sudamericano actual, en el que se analizan los fundamentos de las políticas que alientan a gobiernos de la izquierda institucionalizada en la realización de planes como el de Belo Monte, que –por cierto– fue apoyado por su antecesor, el presidente Lula, al grado de que dirigentes indígenas lo declararon su enemigo. De las tesis de Gudynas, resalto las siguientes: “1. Persiste la importancia de los sectores extractivistas como un pilar relevante de los estilos de desarrollo. 2. El progresismo sudamericano genera un extractivismo de nuevo tipo, tanto por algunos de sus componentes como por la combinación de viejos y nuevos atributos. 3. Se observa una mayor presencia y un papel más activo del Estado, con acciones tanto directas como indirectas. 4. El neo-extractivismo sirve a una inserción internacional subordinada y funcional a la globalización comercial y financiera. 5. Sigue avanzando una fragmentación territorial, con áreas relegadas y enclaves extractivos asociados a los mercados globales. 6. Más allá de la propiedad de los recursos, se reproducen reglas y funcionamiento de los procesos productivos volcados a la competitividad, eficiencia, maximización de la renta y externalización de impactos. 7. Se mantienen, y en algunos casos se han agravado, los impactos sociales y ambientales de los sectores extractivos…10. El neo-extractivismo es parte de una versión contemporánea del desarrollismo propia de América del Sur, donde se mantiene el mito del progreso bajo una nueva hibridación cultural y política”

Presidenta Dilma Rousseff, para el caso de Belo Monte, usted tiene dos opciones: escuchar la voz de los pueblos o dar pleno cauce al proyecto de un Brasil de y para los poderosos.