El secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, reconoció ayer ante diputados y senadores que a cuatro años de declarada la guerra contra la delincuencia organizada, el actual gobierno no ha podido consolidar una política de Estado en materia de seguridad pública, y resaltó que uno de los temas claves para combatir a las bandas es terminar con la protección oficial que se les da desde la administración federal, las estatales y municipales.

No queremos más muertos, exigieron los legisladores a García Luna, quien no pudo detallar el número de huérfanos, viudas y dependientes económicos que en México ha dejado el combate armado contra la delincuencia.

Al comparecer ante la Comisión de Gobernación de la Permanente, el funcionario sostuvo que se mantiene la revisión para combatir a los infiltrados en el Estado, pero rechazó los señalamientos que le hicieron legisladores de haber sido sometido a una investigación por la Procuraduría General de la República.

También defendió que los federales disparen a civiles, como ocurrió con los escoltas del alcalde de Ciudad Juárez, Héctor Murguía, porque policías han muerto entre que las personas se identifican o no, y se tiene que aplicar un esquema diferente. Yo asumo la responsabilidad, pero ya los pusimos a disposición.

Dijo que Juárez concentra un tercio de los asesinatos en el país, pero han disminuido en esa localidad. Interrogado sobre los abusos de la Policía Federal en esa ciudad, sostuvo que se entregó al Ministerio Público a dos federales que dispararon contra los escoltas, pero acotó que se investiga qué hacían éstos en la calle portando armas largas.

Legisladores de PRI, PRD y PT cuestionaron que el gobierno de Felipe Calderón no ha aplicado una política de Estado para garantizar la seguridad de la población y sólo declaró la guerra al narco para legitimarse.

La diputada del Partido del Trabajo Guadalupe Reyes entrega a Genaro García Luna una hoja de la campaña No más sangre. El funcionario la guardó en su carpeta de trabajoFoto Marco Peláez

El diputado Arturo García Portillo (PAN) señaló que el problema de seguridad no fue gestado en esta administración; el modelo del crimen se incubó en los 80, protegido desde el gobierno y la policía.

Los priístas respondieron que no se puede buscar en el pasado una explicación a un fenómeno que se disparó desde el gobierno de Vicente Fox; en su turno, el senador Ricardo Monreal (PT) anunció que su bancada presentará una iniciativa para constituir una comisión de la verdad que investigue los efectos de la guerra calderonista.

García Luna debió admitir que no se trata de echar la culpa atrás, y que México ha vivido distintas etapas de criminalidad. En el pasado, dijo Monreal, alguien vinculado a un delito menor se incorporaba al sicariato en un largo plazo. Ahora, alguien que robó una bolsa se convierte en sicario en dos meses.

Luego cuestionó: Sus números son muy alegres. México está sumido en una desgracia. Y no me diga que la niña de 16 años (Karina Ivette Ibarra Soria, quien murió ayer por disparos que hicieron policías federales en Salvárcar, Juárez) es producto de generaciones pasadas.

García Luna señaló que la adolescente viajaba en un auto que había sido robado.

La diputada Teresa Guadalupe Reyes (PT) le entregó propaganda de la campaña No más sangre. Ojalá tengan oídos para esto, le dijo, y García Luna metió la hoja entre los documentos de su presentación.

La legisladora petista dijo que es tal el fracaso de la política anticrimen, que García Luna sería incapaz de pararse en la plaza de Ciudad Juárez sin sus escoltas.

En Juárez la gente tiene que vivir sin escoltas y ya ve lo que les pasa, reprochó.