urante un acto académico celebrado ayer, la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Patricia Espinosa, minimizó la alerta emitida la víspera por la diplomacia estadunidense, por conducto de su consulado en Guadalajara, para que funcionarios y ciudadanos del vecino país extremen precauciones durante su estadía en esa ciudad. De acuerdo con la funcionaria calderonista, el llamado –que tiene como telón de fondo un repunte de la violencia asociada al crimen organizado en el estado de Jalisco– es una precisión del gobierno de Washington que no afecta la imagen de México frente a la sociedad estadunidense.

Un mismo hecho es susceptible de lecturas distintas, y hasta opuestas, según la conveniencia de quien lo interprete. Así, por ejemplo, mientras para las autoridades consulares estadunidenses la alerta se debe a una marcada escalada de actividad criminal en el área metropolitana de Guadalajara, para la titular de la SRE el llamado pone en claro que en México verdaderamente se está librando una batalla importante que no se había librado en este país ni en ningún otro contra la delincuencia organizada, y que la estrategia calderonista es el camino que debe seguirse.

Por lo demás, la alerta emitida por el consulado se suma a la docena de pronunciamientos similares de la diplomacia de Washington durante el año pasado, y a éstos, a su vez, han de agregarse los formulados por otros gobiernos, como los de Canadá y España. Sería ingenuo suponer que esa serie de recomendaciones para que ciudadanos extranjeros no viajen a México no representan una afectación para el país: un dato que ilustra es el desplome de más de 50 por ciento de la actividad turística durante 2010, según datos difundidos el mes pasado por la Organización Mundial de Turismo. Lo correcto, en todo caso, sería decir que, en un contexto de violencia generalizada que ha cobrado más de 30 mil muertes, el país tiene problemas mucho más serios que los llamamientos de gobiernos extranjeros a sus ciudadanos, lo cual, por supuesto, no justifica minimizarlos, como ha hecho sistemáticamente el calderonismo.

Por lo demás, la comparación de la alerta de Washington a sus ciudadanos con la que la propia SRE ha emitido para que los mexicanos eviten viajar a Egipto pasa por alto un matiz fundamental: que en la nación norafricana se desarrolla una revuelta en la que, ciertamente, han habido episodios indeseables de violencia, pero que tiene como finalidad la democratización y emancipación de ese pueblo y que es éste el principal protagonista de la gesta. El escenario de violencia en México, en cambio, es el precio que el país ha debido pagar por involucrarse en un conflicto que, si se le mira con detenimiento, le es básicamente ajeno, que se origina con la demanda insaciable de estupefacientes en Estados Unidos y se agrava con la política de prohibición que Washington ha buscado imponer en el mundo –México incluido–, y con la incapacidad de ese gobierno para frenar el flujo de armas ilegales al sur del río Bravo.

El empecinamiento oficial en una estrategia anticriminal equivocada y parcial no sólo ha extendido la violencia y el desasosiego por el territorio nacional; también ha provocado un severo deterioro a la normalidad institucional; a su capacidad de salvaguardar la integridad física de connacionales y de ciudadanos extranjeros en el territorio, y a su imagen internacional. Ante este conjunto de afectaciones –que dan cuenta de un declive de carácter nacional provocado en buena medida por el retroceso en la seguridad pública y la vigencia del estado de derecho– más vale un cambio de rumbo tardío que porfiar en políticas que no resuelven los problemas heredados y que, en cambio, los agravan.