Al menos 11 muertos –ocho civiles armados y tres policías federales– y un número indeterminado de heridos dejaron cuatro enfrentamientos ocurridos en la capital de San Luis Potosí, en los que también intervinieron elementos del Ejército mexicano, informaron extraoficialmente fuentes policiacas.

La primera refriega comenzó después de las 17 horas en la carretera 57 San Luis-Matehuala, a la altura del puente Valentín Amador, cuando un grupo de pistoleros disparó contra soldados y agentes. Los elementos de las fuerzas federales repelieron el ataque e iniciaron la persecución de los agresores hasta el mercado República –a unas ocho calles del palacio de gobierno–, donde se suscitó otro tiroteo.

El tiroteo provocó pánico entre los ciudadanos que transitaban por la zona; muchos bajaron de sus vehículos y se tendieron en la carpeta asfáltica para tratar de salvar sus vidas. Los choques se extendieron a otros puntos de la ciudad. Varias calles fueron cerradas por la autoridad, lo que generó caos vial y confusión entre los potosinos.

Por la noche, el gobernador Fernando Toranzo Fernández pidió a la ciudadanía mantener la calma ante los hechos violentos. Dijo tener información preliminar sobre dos refriegas entre autoridades y civiles armados, pero no dio detalles.

En otras acciones del crimen organizado, 20 personas murieron ayer: seis en Chihuahua, cinco en Guerrero, cuatro en Michoacán, cuatro en Sinaloa y una en Morelos. Entre las víctimas figuran Ramsés Gastélum, agente de la Dirección de Servicios de Protección de la Secretaría de Seguridad de Sinaloa, y Miguel Sabino, elemento de la Policía Auxiliar de Guerrero, así como los policías ministeriales de Michoacán Candelario Saucedo y Jaime Ruiz.

Por otra parte, elementos del Ejército acuartelaron a 800 policías preventivos de Nuevo Laredo, Tamaulipas, para revisarles las armas largas, pues hay sospechas de que el atentado a balazos en el que murieron el general brigadier Efrén Farfán Carriola, secretario de seguridad pública municipal, su escolta Guillermo Barrera, y Raúl Rivera, subdirector operativo de atención cciudadana de la dependencia, fue cometido con pertrechos de la corporación.

Fuentes de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad revelaron que luego de las primeras investigaciones y estudios de balística se determinó revisar las armas largas de los agentes municipales, por lo que decenas de soldados tomaron por sorpresa las instalaciones de la comandancia.

Trascendió que algunos de los uniformados que estaban de turno la noche del pasado miércoles –cuando fue ultimado el militar– están en calidad de arraigados. Desde la tarde de ayer, los policías del municipio patrullan las calles sólo con armas cortas.

Por la mañana, el alcalde Benjamín Galván realizó una guardia de honor ante el féretro del general Manuel Farfán Carriola, cuyos restos fueron trasladados después al Campo Marte, en la ciudad de México, donde se le rendirán los honores de acuerdo a su envestidura militar.

En Tijuana, Baja California, policías locales detuvieron a cinco presuntos secuestradores de migrantes, quienes el pasado primero de febrero ofrecieron a dos indocumentados de origen mexicano cruzarlos a Estados Unidos a cambio de 3 mil dólares, pero los mantuvieron cautivos desde ese día y hasta este viernes en un domicilio de la colonia Montes Olímpicos, de donde lograron escapar. Durante el tiempo que los tuvieron secuestrados, los delincuentes efectuaron llamadas telefónicas a un familiar de las víctimas para exigirles mil 500 dólares de rescate.

Declara cazador sobre desaparición de compañeros

Antonio Martínez Olivares, testigo clave en la desaparición de ocho cazadores guanajuatenses, quienes habrían sido levantados por policías municipales de Joaquín Amaro, Zacatecas, y entregados a un grupo armado que los ejecutó y quemó en algún punto de la capital del estado, se presentó ayer voluntariamente ante la Procuraduría de Justicia de la entidad, donde rindió declaración.

Por otro lado, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Aguascalientes, Salvador Cornejo, exigió a las autoridades estatales y federales un plan para proteger a los integrantes del gremio, quienes –dijo– han sido secuestrados por presuntos criminales para que curen a pistoleros heridos en enfrentamientos armados.

En tanto, la presidenta nacional del PRI, Beatriz Paredes Rangel, advirtió que “Chihuahua no merece estar herida por la delincuencia organizada y no merece ser criticada por quienes no conocen la realidad en el estado.

No porque se abuse o incrimine a algunos jóvenes, éstos dejan de ser un gran valor, subrayó durante la ceremonia en la tomó protesta a Leonel de la Rosa y Adriana Fuentes como presidente y secretaria general del PRI en Chihuahua.