En 11 años se han ingresado al erario sólo 69.3 millones de pesos de más de 40 mil millones impuestos en sanciones económicas a funcionarios públicos que han causado quebranto por corrupción y otras irregularidades, consignan datos del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Secretaría de la Función Pública (SFP). Esto significa que se han recuperado 17 centavos de cada 100 pesos defraudados, revelan datos obtenidos por La Jornada.

Las sanciones económicas de mayor cuantía quedan sin cobro, pues aunque esté bien llevado un procedimiento (de la SFP) contra un funcionario, como la suma es muy alta, ¿de dónde se les va a cobrar esas cantidades, admitió el director general de Responsabilidades y Situación Patrimonial de esa dependencia, Víctor Sáenz Ramírez.

En entrevista reconoció que si no se cobran (las sanciones económicas) implica impunidad. Ilustró con la sanción impuesta a Raúl Muñoz Leos, ex director general de Pemex, por más de 862 millones de pesos. La sanción es muy alta y el funcionario no tiene el patrimonio para que se pueda cobrar.

–Esto es simulación.

–Es un problema de la ley que hay que corregir. Hay que modificar la Constitución para imponer una multa factible de cobrar, acorde con la sanción administrativa.

Sáenz consideró que se debería buscar un mecanismo diferente a la sanción económica, porque el procedimiento disciplinario que impone la SFP “no va orientado a la recuperación económica.

Lo que persigue la SFP es sancionar (administrativamente) a los funcionarios públicos, no la parte resarcitoria del daño monetario causado al Estado; hacer una modificación a la Constitución es un tema muy complejo y delicado.

Aunque la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos (LFRASP) ordena el embargo precautorio de los bienes de los serdvidores públicos, Saénz afirmó que la SFP no tiene ninguna posibilidad de acción para recuperar esas multas. Además, el SAT es la autoridad ejecutora de la recuperación.

Esas sanciones son una parte de las penas que por ley se imponen a funcionarios que causan quebranto o perjuicios al erario, y sobre las cuales la SFP tiene obligación de dar seguimiento para garantizar su resarcimiento, como ordenan los Lineamientos y procedimientos para el control, seguimiento y cobro de las sanciones económicas, multas y pliegos de responsabilidades.

La otra parte es la denuncia penal que corresponde promover a la SFP ante la Procuraduría General de la República, cuando así se requiera, según la LFRASP.

De acuerdo con la gravedad de los ilícitos, la SFP define contra qué funcionarios presenta querella, aunque la LFRASP indica en su artículo 8 como causal grave que un funcionario afecte el desempeño imparcial de su empleo por intereses personales, familiares o de negocios.

Sin explicación a la fecha, la SFP omitió presentar denuncia penal contra 14 funcionarios recientemente sancionados con 6.6 mil millones de pesos por causar daños al patrimonio de Pemex Refinación, pese a que legisladores de PRI, PRD y PVEM han advertido, desde 2007, que en los ilícitos estarían involucrados los hijos de Marta Sahagún.