Puebla, Pue., 8 de febrero. El Congreso local aprobó una reforma enviada el jueves pasado por el gobernador Rafael Moreno Valle Rosas para endurecer las penas al despojo colectivo.

Según la iniciativa, este ilícito se comete cuando cinco o más personas participan en una invasión y podrán ser encarceladas de seis a nueve años; además se les impondrá una multa de 100 a mil 500 días de salario mínimo.

Las penas son aún más duras para los dirigentes o autores intelectuales de la invasión, quienes podrían ser encarcelados de siete a 12 años, lo que elimina la posibilidad de libertad bajo fianza, mientras la sanción oscila entre mil y 3 mil días de salario mínimo.

Las nuevas sanciones contrastan con las estipuladas en el Código de Defensa Social del estado, que fijaba una pena corporal de dos a siete años y una multa de 15 a 150 días de salario mínimo.

Las modificaciones se aprobaron entre protestas de líderes ejidales y campesinos, quienes denunciaron que con esta medida se criminaliza a los movimientos en defensa de la tierra.

Señalan riesgos

Antonio Barrera Evangelista, dirigente de la Confederación Agrarista Mexicana, señaló que los abogados y movimientos que defienden a pequeños propietarios acusados por despojo podrían ser señalados de dirigentes de invasiones o autores intelectuales.

Hay muchos empresarios inmobiliarios que son delincuentes y aprovechan la falta de certeza en la propiedad de la tierra para despojar a campesinos, al amparo de la clase política, denunció durante la manifestación que encabezó en el pleno del Congreso local, cuya mesa directiva amenazó con suspender la sesión ordinaria debido al tumulto.

En tribuna, legisladores de los partidos Revolucionario Institucional y del Trabajo advirtieron que la enmienda podría resultar contraproducente debido a que el Registro Público de la Propiedad no está actualizado y, por tanto, existen terrenos agrícolas y urbanos cuya situación legal no está clara.

Si los legítimos propietarios emprendieran litigios para acreditar la propiedad de sus lotes podrían ser encarcelados por despojo si la norma se aplica en forma errónea, alertó el petista Zeferino Martínez Rodríguez, quien aseguró que en Puebla es común que gente pobre sea acusada de despojo injustificadamente.

El priísta Enrique Dóger Guerrero, el único legislador que votó en contra, indicó que las nuevas penas obligarán a vigilar mejor las notarías para evitar corruptelas.