l gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, debe actuar con celeridad ante los crecientes problemas de intolerancia religiosa en su entidad. En las semanas pasadas uno de esos casos se intensificó más con el encarcelamiento, en Santa María Yohueche, del pastor evangélico Donaciano Díaz Ruiz.

El poblado Santa María Yohueche está ubicado en la sierra norte de la entidad, a unos 90 kilómetros de la ciudad de Oaxaca. Como muchos de sus coterráneos, Donaciano Díaz Ruiz emigró a Estados Unidos y reside en Los Ángeles, California. Él y su esposa son ciudadanos estadunidenses, pero su identidad yohuechense es para los dos muy importante y de ahí que sigan manteniendo estrechos vínculos con familiares y coterráneos que comparten su fe religiosa evangélica. Ambos, desde Los Ángeles, envían recursos monetarios para cubrir sus deberes comunitarios y apoyar a la pequeña iglesia evangélica del lugar.

Las condiciones adversas para la célula protestante fueron subiendo de intensidad. Al principio recibieron advertencias de las autoridades de no proseguir con sus actividades religiosas. Después los agrupados en la comunidad evangélica fueron multados con 6 mil pesos y penas de cárcel por practicar una creencia distinta a la imperante en el lugar. Todo se agudizó cuando el pastor Donaciano Díaz y Jaime Lorenzo Luna (habitante del lugar y representante de la Iglesia cristiana misionera) iniciaron actividades para construir un templo donde pudiesen congregarse integrantes de su confesión.

Doce familias han sido expulsadas de Yohueche por la agencia municipal. Donaciano Díaz Ruiz y Jaime Lorenzo Luna fueron acusados por las autoridades del poblado de faltar a sus deberes comunitarios y cooperaciones económicas, además de promover un culto religioso que no es aprobado por esas autoridades. Los dos han aportado pruebas de que la primera de las acusaciones es falsa, y aportaron elementos, que tiene el Ministerio Público, relativos a su cumplimiento con las obligaciones comunitarias.

Respecto al señalamiento de que Díaz Ruiz y Lorenzo Luna promueven una creencia distinta a la tradicional, ambos han presentado en su favor lo garantizado por la Constitución de la República en cuanto a la libertad de creencias, así como lo normado por la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Las leyes amparan su derecho a elegir y promover la creencia por las que han optado.

En noviembre de 2010 Donaciano Díaz Ruiz fue violentamente sacado de su domicilio. Un grupo de hombres fue por él para llevarlo ante el alcalde Victorino Agustín Morales, quien le impuso un encarcelamiento por 48 horas durante las cuales se vulneraron sus derechos al prohibirle cualquier comunicación con familiares o algún defensor legal. El delito que le achacan, que no es tal, se relaciona con ser el líder de los protestantes.

La semana pasada el pastor Donaciano y Jaime Lorenzo Luna fueron encarcelados. Antes al inmueble donde ambos se encontraban, llegaron dos personas que dijeron ser abogados (Rosalba Pastor y Reyna Chávez) y enviadas por las autoridades municipales. Los dos señalan que, además de ser retenidos, ilegalmente les fueron robados 28 mil pesos en efectivo, 3 mil 500 dólares y una cámara de video. Por si todo esto no fuera suficiente, y testimonio sólido de que las autoridades de Santa María Yohueche son las que vulneran las leyes, los dos evangélicos fueron expulsados de la comunidad. Si quieren retornar al poblado deberán cubrir una sanción de 50 mil pesos. Nada más porque con el pretexto de ir contra los usos y costumbres de Yohueche, la agencia municipal ha decidido erradicar del lugar a los evangélicos.

Eréndira Cruz Villegas, comisionada de Derechos Humanos del gobierno de Oaxaca, ha identificado claramente el problema como resultado de la intolerancia religiosa. Por lo anterior la Procuraduría de Justicia del estado ha implementado medidas cautelares para garantizar la preservación de la integridad física de estos miembros de la Iglesia evangélica. Adicionalmente se refirió a otros focos rojos de intolerancia religiosa en Oaxaca, y sostuvo que no se permitirán atentados contra la libertad de culto religioso. Esperamos que así sea, y Oaxaca deje de ser la entidad con mayor número de casos de intolerancia religiosa que no se solucionan en favor de los perseguidos.

Es central que las autoridades del gobierno estatal hagan valer las leyes. También que refuercen acciones educativas para construir el respeto a las minorías y una cultura de paz, que permita la convivencia de los diferentes y el ejercicio de sus derechos. Porque el horizonte irreversible es el de mayor diversificación de la sociedad oaxaqueña. En ese horizonte el de la pluralización religiosa es un componente fundamental.

Llama la atención que mientras algunos jerarcas católicos continúan demonizando a las minorías religiosas, refiriéndose a ellas en forma despectiva, y hasta soez, el arzobispo de Oaxaca, José Luis Chávez Botello, hace llamados para que desde todos los ángulos se atiendan los conflictos de intolerancia religiosa, ya que ella representa un peligro para la gobernabilidad y la paz social de las comunidades indígenas.

El caso de Santa María Yohueche, y cómo se le dé solución, podría perfilar la forma en que el gobierno de Gabino Cué Monteagudo va a responder cuando se atacan los derechos de los oaxaqueños que han optado por otra creencia religiosa en los poblados preponderantemente indígenas.