odos lo dicen: México atraviesa por una crisis alimentaria. Bueno, hay unas voces que disienten de esta percepción general de la realidad; son voces que vienen de los funcionarios del gobierno federal encargados de asegurar la alimentación de los mexicanos. Para ellos no hay crisis y nuestra alimentación presente y futura está asegurada. Pero fuera de ellos todos coinciden. Algunos afirman que la crisis comenzó hace un lustro, otros que viene de muchas décadas atrás y lo que estamos viviendo es su agudización; ese es tal vez el matiz que los separa, pero fuera de eso la mayoría coincide en que la escasez de alimentos va en aumento y los que existen se han vuelto más caros.

Las percepciones del problema son importantes porque definen estrategias para enfrentarlo. Así, como desde el gobierno se percibe que no hay crisis no se toma ninguna medida y se continúa con las políticas de importar granos básicos y financiar fundamentalmente la agricultura y ganadería de exportación, mientras a la de consumo nacional se le dedican pocos recursos públicos. Del otro lado, los campesinos conscientes del problema que enfrentan y de los efectos que puede tener en su futuro arman sus estrategias de resistencia. Las medidas que toman son muy diversas, dependiendo de la realidad de los involucrados, los recursos a su alcance y sus posibilidades de llevarlas a cabo.

Quienes se mueven en el negocio de los alimentos y en el aparato estatal han optado por impulsar medidas comerciales y legislativas. Entre las primeras sobresalen los esfuerzos de la empresa trasnacional Monsanto, que ha insistido en solicitar permisos para la siembra de maíces transgénicos bajo el falso argumento de que con ello aumentará la producción del grano nacional, mientras científicos y especialistas sobre la materia afirman lo contrario. Entre los segundos se mencionan la Ley de Fomento y Protección al Maíz como Patrimonio Originario, en Diversificación Constante y Alimentario, para el Estado de Tlaxcala, aprobada 13 de enero de 2011, y la Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Michoacán, aprobada el día 1º de este mes. Se trata de medidas que desde los estados buscan apuntalar acciones para fortalecer la alimentación.

Pero más importante, por su incidencia directa sobre la escasez de alimentos, son las iniciativas campesinas que a contracorriente de las políticas de producción y abastecimiento alimentarios del gobierno, crean y recrean estrategias de subsistencia de largo plazo. Aquí también las formas de acción son múltiples: ferias campesinas donde se dan a conocer e intercambian semillas nativas entre los propios campesinos, impulso de producción con ese tipo de semillas, rescate de conocimientos y técnicas de producción ancestrales efectivas, campañas para el consumo de productos orgánicos, entre otras. Aunque diversas, todas ellas tienen algo en común, son iniciativas comunitarias, surgidas desde abajo, atendiendo a la realidad que viven quienes se involucran en ellas y, en principio buscan resolver el problema de ellos.

Visto así el problema, puede afirmarse que la visión de que en México existe una crisis alimentaria está teniendo respuestas diversas más allá de las posición del gobierno de mantener sus posturas, como si nada pasara. Cierto, algunas buscan aprovechar la coyuntura para el negocio, pero otras se preocupan realmente por atender el problema. Es con estas últimas donde se puede potenciar una respuesta unitaria que obligue al gobierno a cambiar su rumbo en esta materia. Y una manera de hacerlo es volver a la exigencia de que en nuestro país se reconozca el derecho a la alimentación como un derecho humano. Sería el principio para modificar de fondo las políticas hacia el campo para que lo que se produzca asegure la alimentación de los mexicanos. Es urgente hacerlo, antes de que la crisis se desborde y los costos para superarla sean mayores.