Ninguna organización terrorista internacional conocida tiene presencia operativa en México ni han tenido lugar incidentes terroristas dirigidos contra personal o intereses estadunidenses en territorio mexicano u originados en él, se afirma en un cable firmado por el embajador de Estados Unidos en México, Carlos E. Pascual, en un reporte fechado el 10 de enero de 2010.

Pese a ello, Estados Unidos desplegó dos equipos en la frontera sur de México para llevar a cabo evaluaciones. La frontera con Guatemala y Belice sigue siendo muy porosa y plantea una vulnerabilidad en la medida en que puede servir de potencial punto de tránsito para el terrorismo.

Si bien México sigue enfrentando a elementos criminales bien armados y organizados en varias regiones del país, y los tradicionales puntos rojos del tráfico de drogas han visto niveles sin precedentes de violencia, el desafío en materia de terrorismo se reduce a pequeños y débiles grupos antisociales que perpetraron actos de vandalismo con la intención de perturbar la estabilidad comercial y crear conciencia sobre su causa, se afirma en un extenso análisis que fue difundido a todos los consulados de Estados Unidos en México, y del cual se enviaron copias a los comandos Sur y Norte, así como a los departamentos de Justicia, del Trabajo, del Tesoro, de Comercio y de Seguridad Interior del país vecino. Este documento forma parte del paquete de cables del Departamento de Estado entregado a La Jornada por Sunshine Press Productions.

La autoridad, incapaz para combatir el lavado de dinero

Aunque no hay indicios de que grupos terroristas estén usando a México como conducto para actividades ilícitas, la aún incipente capacidad de las autoridades nacionales para combatir el lavado de dinero sugiere una potencial vulnerabilidad del país en esta materia, señala el informe.

Asimismo, reseña como únicos hechos recientes dignos de mención en el tema terrorismo la decisión del Ejército Popular Revolucionario (EPR) de suspender los contactos que mantenía con el gobierno federal y su amenaza de retomar las acciones de fuerza para obligar a las autoridades a responder a su demanda de esclarecer la desaparición de dos integrantes de esa organización insurgente.

También recuerda los ataques a oleoductos realizados por ese grupo en 2007: En 2009 no hubo actos terroristas atribuidos al EPR; de mayo a agosto, el Frente de Liberación Animal, ALF, se responsabilizó por ataques a bancos y locales comerciales en la capital del país, usando bombas hechas con tanques de gas propano, las cuales causaron daños materiales pero no personales.

Por más que los riesgos de un ataque terrorista en México o desde México son, desde ese punto de vista, insignificantes, el informe detalla en tono elogioso la multitud de medidas preventivas adoptadas por la administración calderonista:

Ha intensificado esfuerzos para mejorar la coordinación entre agencias como parte de su campaña de combate al crimen y la contención del terrorismo; ha creado una base de datos nacional conocida como Plataforma México; estableció las Unidades de Inteligencia Táctica Operativa (Unito) y “los Centros de comando, control, comunicaciones y cómputo (centros C-4), ubicados en varios estados, cuyas capacidades varían desde simples callcenters hasta células analíticas que generan análisis y apoyan el desarrollo de las operaciones”; Estados Unidos apoya en forma directa programas para ayudar a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y a la Procuraduría General de la República (PGR) a entrenar a investigadores federales y facilitar mayores coordinación y efectividad operativa.

En cuanto a la cooperación bilateral, el documento firmado por Carlos Pascual informa que ambos gobiernos acordaron coordinar acciones en los puertos de entrada de la frontera norte con la finalidad de obstruir el flujo de armas ilegales y de divisas; que los programas piloto implantados de manera conjunta en Nogales y Eagle Pass han incrementado el número de vehículos inspeccionados y disminuido los tiempos de espera para el cruce fronterizo, y que Washington apoyó la instauración de un centro de seguimiento e identificación de carga, modelado a partir del que usa la oficina estadunidense de aduanas (CBP, por sus siglas en inglés), que tendría que fortalecer la capacidad de México de ubicar carga sospechosa o ilícita que entre o salga del país.

Destaca el establecimiento de un sistema de información de pasajeros (Advance Passenger Information System, APIS) para identificar a special interest aliens (SIA), o extranjeros de interés particular, en los puertos de entrada.

Estados Unidos y México han iniciado también un Programa de Seguridad Conjunta (Joint Security Program, JSP) para Viajeros, que promueve intercambios de agentes de migración y busca identificar y seguir a sospechosos de terrorismo, fugitivos o contrabandistas.

Finalmente, el reporte aborda las reformas de seguridad y justicia impulsadas por el gobierno de Felipe Calderón, las cuales, dice, otorgaron a la policía más autoridad de investigación, aunque su aplicación ha sido lenta y desigual.

Enlaces:

Esta nota con vínculos a los cables

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks