Los activistas Isabel Miranda de Wallace, Alejandro Martí, María Elena Morera y Marcos Fastlicht, dirigentes de organizaciones civiles que luchan contra el crimen organizado, difundieron ayer una carta en la que exhortan a los poderes Judicial y Ejecutivo a que no cedan ante las presiones del gobierno francés en lo que refiere al caso de Florence Cassez, señalada como integrante de una banda de secuestradores conocida como Los Zodiaco.

En respuesta, la embajada de Francia en México manifestó que es preocupante que esas organizaciones ejerzan presiones directas sobre el Poder Judicial para intentar influenciar sus decisiones. Practican lo que por otro lado denuncian y reprochan.

Este debate ocurrió un día antes de que el séptimo tribunal colegiado en materia penal de la ciudad de México determine si ampara a Cassez, sentenciada a 60 años de prisión por secuestro. Si le es negada la protección de la justicia federal, la detenida tendría que cumplir su condena en una prisión mexicana.

En la misiva, que tiene fines de comunicado de prensa, las organizaciones Alto al Secuestro, de Miranda de Wallace; México SOS, de Martí; Causa Común, de Morera, y Asociación Nacional de Consejos de Participación Civil, cuyo vocero es Fastlicht, señalaron que ante la demanda de amparo promovida por la ciudadana francesa para obtener su libertad, es de vital importancia que los tres magistrados que resolverán sobre el caso actúen apegados a derecho y no conforme a presiones diplomáticas.

En 2009 un tribunal unitario de circuito encontró penalmente responsable a Cassez de delincuencia organizada, secuestro y otros delitos, por lo que la condenó a seis décadas de prisión.

Es indignante que alguien que lastimó a la sociedad mexicana, como Florence Cassez, busque victimizarse y ser extraditada a su país de origen, en lugar de cumplir cabalmente la pena que merece en nuestro país, tal y como quedó asentado en la sentencia de primera y segunda instancias, apuntaron.

La sede diplomática manifestó en un comunicado que el gobierno francés no ha dejado de pedir un proceso justo e imparcial, la aplicación de la Constitución y de las leyes mexicanas.

Destacó que el proceso ha estado lleno de irregularidades y violaciones a garantías desde el montaje inicial que, en sí mismo, siembra la duda sobre el conjunto del procedimiento.

Dijo que no se respetaron las leyes de México, cuyas autoridades no comunicaron de inmediato la detención de la francesa a la representación consular correspondiente, aun cuando el gobierno mexicano exige la aplicación rigurosa de este principio por parte de países terceros, y en particular de Estados Unidos.

La embajada sostuvo que su gobierno apoya sin reservas las iniciativas en favor de la defensa de las víctimas. Pero solamente el debido proceso, exento de presiones y opiniones sin fundamentos, puede dar la garantía de que se rinda justicia a las víctimas, persiguiendo a los culpables sin encarcelar a los inocentes.