Los consejeros del Instituto Federal Electoral (IFE) ratificaron su decisión de ejercer este año los 348 millones de pesos del Fondo de Modernización Inmobiliaria, creado con ahorros e ingresos propios que tuvo el organismo durante 2010.

En conferencia de prensa, consideraron que las descalificaciones del contralor general del instituto, Gregorio Guerrero, se sustentan en información falsa e incompleta, amén de que el funcionario se ausentó de las reuniones de la junta general ejecutiva donde se discutió la reasignación presupuestal y la creación de dicho fondo.

El consejero Marco Antonio Baños cuestionó que se pretenda revertir una decisión cuyo objetivo es noble, pues se busca adquirir inmuebles que desde hace muchos años se rentan, con el propósito de reducir la carga presupuestal ddel IFE, que sólo en los pasados cinco años ascendió a mil 81 millones de pesos. Al mismo tiempo, fustigó que haya medios de comunicación irresponsables que han sugerido que detrás de este proyecto hay visos de corrupción en el organismo.

En su momento, el presidente del instituto, Leonardo Valdés, dijo que el IFE no creó bolsas artificiales ni abusó solicitando presupuesto adicional. Tanto Valdés como el secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, explicaron que los 348 millones de pesos están conformados por 111 millones de ingresos propios y el resto constituyen ahorros de la partida mil por numerosas plazas que se mantuvieron congeladas.

Sin embargo, el consejero Alfredo Figueroa fue el más claro en descalificar los fundamentos de la información proporcionada por el contralor, la que es incompleta y falsa, para decirlo con claridad. Dijo que Guerrero no asistió a las reuniones donde se determinó la reasignación de la partida presupuestal, y desacreditó sus afirmaciones de que se trataba de un subejercicio, pues en rigor se trata de ahorros del orgamismo.

Aseguró que en la postura del contralor hay ausencia de responsabilidad por sus dichos e incluso, cuando ya se sabía que hubo un error en sus cifras –omitió aludir a los 111 millones de pesos de ingresos propios, citó que se devolvieron 5 millones, cuando en realidad fueron 72 millones de recursos no ejercidos, según dijo el consejero–, la responsabilidad política de un funcionario implicaría rectificar las aseveraciones falsas.

La consejera Macarita Elizondo fue la que citó los fundamentos legales de la decisión de los consejeros: la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que permite a los organismos destinar ahorros generales en sus presupuestos a otros programas que no afecten el logro de metas. Esto es, dijo, mientras se cumplan las metas, se pueden hacer ahorros generales y destinarlos a programas prioritarios.

Los consejeros Benito Nacif y Francisco Guerrero reivindicaron la transparencia del IFE y señalaron que en el debate en torno al tema deben atenderse los argumentos del organismo sobre las razones para reasignar el presupuesto. De acuerdo con las cifras ofrecidas por el secretario ejecutivo, de los 655 inmuebles que ocupa el instituto en todo el país, 31 son propios, 49 están en comodato y 575 son arrendados.