El Gobierno del Distrito Federal aceptó realizar una consulta pública en torno a la supervía poniente, pero ratificó su negativa a suspender la obra, como le solicitó la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) en su recomendación 1/2011.

En la respuesta, entregada ayer por la tarde al organismo, se le informa que se acepta parcialmente la recomendación. Señala que la consulta será amplia y plural y que en ésta se tomará en cuenta la opinión de todos los habitantes de la ciudad y no sólo la de las personas afectadas.

En el documento, firmado por el jefe de Gobierno, Marcelo Ebrard Casaubon, se agrega que las características de este ejercicio, el cual se realizará en los términos de la Ley de Participación Ciudadana, serán dadas a conocer en breve por la Secretaría de Gobierno, además de que se realizarán foros para atender todas las inquietudes de los habitantes de la ciudad en torno de este tema.

Agrega que la administración local en los pasados tres años ha hecho diversas consultas que llevaron a modificaciones del trazo de la obra y a la búsqueda de mayores beneficios ambientales y mejoramiento de la calidad de vida.

Sobre los argumentos para no parar la obra, el gobierno capitalino manifiesta a la CDHDF que ni la Constitución ni la ley que rige a la comisión le dan facultades para hacer esa recomendación, además de que significaría pérdidas económicas y conflictos jurídicos para la administración local.

Suspender la obra, se explica en el documento, implicaría, entre otras cosas, dejar sin efectos actos jurídicos que fueron debidamente emitidos como lo es la autorización de impacto ambiental o bien revocar el título de concesión, que se otorgó a la empresa Controladora Vía Rápida Poetas, sin que exista una causa legal en que pueda fundarse, lo que haría incurrir en responsabilidad al funcionario que así lo hiciera, además de los graves perjuicios a terceros y a la sociedad en su conjunto.

En este sentido, se explica en la respuesta, no debe perderse de vista que la defensa y atención de los derechos humanos de una comunidad o un grupo de personas, encuentra su límite tanto en la ley como en la posible afectación de los derechos de otros individuos.

En cuanto al segundo y tercer puntos recomendatorios, los cuales están relacionados con la consulta pública, el Gobierno del DF asegura que ya se tiene el diagnóstico de movilidad que se solicita y agrega que garantizará la transparencia en los procedimientos relacionados con la consulta, para lo cual, de forma previa a su realización, se implementarán los mecanismos necesarios para que la ciudadanía tenga acceso tanto a la información disponible como a los servicios, trámites y programas gubernamentales relacionados con el derecho a la información.

Respecto al cuarto punto recomendatorio, la administración capitalina rechaza hacer modificaciones al Reglamento de Impacto Ambiental y Riesgo para que armonice con el artículo 50 de la Ley Ambiental del Distrito Federal, al considerar que no es necesario, pues no se advierte incongruencia entre ambas disposiciones, ya que en todo caso se trata de supuestos jurídicos distintos.

Los otros cuatro puntos recomendatorios fueron aceptados y se refieren a impartir cursos de capacitación sobre derechos humanos y medio ambiente, emisión de boletín de prensa en el que se evite la estigmatización de las personas, dar atención médica a las personas afectadas en el conflicto y realizar acciones para restituir el tejido social en la colonia La Malinche.

Sin embargo, en los primeros dos casos, el Gobierno del DF aclaró que a nuestro juicio se respetó el derecho a un ambiente sano y que no es atribuible a alguna autoridad la estigmatización de quienes se oponen al proyecto de la supervía poniente.