Las plantas regasificadoras que se instalan en territorio mexicano, como la que el viernes cerró el gobierno municipal de Ensenada, Baja California, propiedad de la compañía Sempra Energy, sólo buscan dejar en el país los costos ambientales de una actividad económica propia de Estados Unidos, afirmaron miembros de grupos ambientalistas.

Gustavo Ampuñani, director de campañas de Greenpeace México, afirmó que desde 2004 habían advertido sobre los riesgos inaceptables que representaba instalar este tipo de plantas, que sólo sirven para maquilar el gas licuado que se usa en el mercado de California.

Ya hemos denunciado que las plantas transfieren los riesgos de Estados Unidos a México, porque tanto la generación como el transporte de este elemento es altamente peligroso, y las pusieron aquí porque las leyes son más laxas y no ha habido oposición firme de las autoridades, explicó.

Además del riesgo que implica para las comunidades cercanas, por la explosividad y los daños medioambientales que causan dichas instalaciones, de esta forma se retrasa aún más la utilización masiva de las energías renovables en el país, lamentó.

A principios de 2004, hubo una explosión grave en una planta similar en Argelia, lo que llevó a la empresa Chevron-Texaco a cancelar un proyecto en las Islas Coronado, Baja California, aunque al mismo tiempo Shell sí logró construir otra en Altamira, Tamaulipas.

Por su parte, Pablo Uribe, ex director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) Noroeste, recordó que en la planta de Islas Coronado se iba a causar un daño ecológico enorme en un sitio con una vida silvestre única, sobre todo en cuanto a especies de aves se refiere.

Chevron, dijo, utilizó información antigua para justificar su presencia en la isla, diciendo que el sitio ya había sido depredado por una unidad del Ejército que había introducido especies domésticas, pero a final de cuentas en 2007 renunció al proyecto, pues no tenía las herramientas legales para justificarlo.

En el noroeste del país no necesitábamos cinco plantas de gas licuado, más bien era para exportarlo a Estados Unidos, dejando aquí el impacto ambiental. El objetivo no es ahuyentar la inversión extranjera, pero sí que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales sea mucho más dura y estricta en el cumplimiento de la legislación ambiental, subrayó.