Fragmentos de los murales que Diego Rivera pintó en la escalinata del Palacio Nacional, los cuales envuelven la portada y la contraportada del libro Nueva historia general de México, libro publicado por El Colegio de México, del cual reproducimos algunos pasajes en esta página

Elecciones en duda

El resultado de la elección de 2006 no fue aceptado por la izquierda, que sostuvo que había habido fraude y exigió un recuento de voto por voto y casilla por casilla, pero las autoridades electorales se negaron sostenidas por el grueso de los medios masivos de comunicación, los empresarios, la Iglesia católica y, de manera indirecta, por algunos gobiernos extranjeros. El fraude del que habló el candidato perdedor nunca fue probado, pero como lo mostrarían más adelante las actas de escrutinio, los errores de cómputo superaron la diferencia entre el ganador oficial y quien quedó en segundo lugar y, por lo tanto, sin el recuento demandado no pudo haber certeza sobre el ganador. Sin embargo, y pese a que hubo elementos para declarar nula la elección, las autoridades electorales –IFE y TEPJF– optaron por avalar la victoria del PAN. Los resultados de esa decisión fueron, entre otros, la negativa de una parte de la izquierda a aceptar la legitimidad del nuevo gobierno y dejar al PRI como el fiel de la balanza en el proceso político inmediato –entre 2006 y 2009. La posibilidad de que el voto priísta hiciera posibles o deshiciera las iniciativas del gobierno, reafirmó la dependencia del segundo gobierno panista de la conducta que asumiera el viejo partido autoritario, cuya dirigencia se mantuvo en manos de líderes cuyas carreras se habían hecho en el México no democrático. Por su parte, dentro de las filas del gran perdedor, el PRD, la lucha interna se agudizó y su ala más radical, encabezada por AMLO, optó por ponerse al frente de un movimiento de resistencia civil pacífica –el gobierno legítimo–, cuyo objetivo de largo plazo fue tan ambicioso como difícil: la construcción de un movimiento social-popular que pudiera modificar de raíz la cultura política de las clases mayoritarias y cuyas formas de actuar –la organización desde la base y las movilizaciones en calles y plazas a favor de causas como la no privatización del petróleo o la protección de la economía popular– se hicieran al margen de los partidos y del proceso electoral mismo. La crispación y la polarización que no fueron factores importantes en el 2000 sí lo fueron seis años más tarde y se convirtieron en una característica central del escenario político mexicano.

El neozapatismo

La recuperación electoral del PRI en los comicios intermedios de 1991 fue un éxito para Salinas y, sobre todo, fue la preparación para la aceleración económica de 1994, cuando tendría lugar la siguiente elección presidencial en la que Luis Donaldo Colosio, un cercano colaborador de Salinas, sería el abanderado del PRI. Sin embargo, una serie de eventos tan inesperados como dramáticos interfirieron con este proyecto. El 1 de enero de 1994 entró en vigor e TLCA, pero México amaneció con una noticia diferente dominando las pantallas de televisión: la de un levantamiento indígena armado en Chiapas. La irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) descuadró de inmediato la imagen ampliamente difundida por el gobierno, dentro y fuera del país, de un México que política y económicamente iba camino de ingresar a una etapa superior de su desarrollo. Con el EZLN, la marginación, la injusticia y el rezago social acapararon las primeras planas de la prensa nacional e internacional; las bondades del modelo neoliberal a la mexicana fueron puestas en entredicho.

Ante la aparición del EZLN la primera reacción del gobierno fue aplastarlo con el uso del ejército. Sin embargo, una notable movilización social obligó a un rápido cambio de estrategia y puso el acento en la negociación. El 26 de enero, los candidatos presidenciales firmaron un Acuerdo por la Paz y la Democracia que, entre otras cosas, propuso darle mayor autonomía al órgano electoral (...)

Asesinatos y resquebrajaduras

Es necesario retroceder un poco en el tiempo para comprender la coyuntura en toda su amplitud. En marzo de 1994, el panorama político se complicó aún más cuando en Tijuana el candidato presidencial del PRI fue asesinado y debió ser sustituido por su coordinador de campaña, un tecnócrata que carecía de experiencia política: Ernesto Zedillo. Nunca se esclarecieron completamente el asesinato de Colosio ni el posterior del secretario general del PRI y ex cuñado de Salinas, Francisco Ruiz Massieu. Lo único claro fue que había crisis tanto en el interior como en el exterior del círculo del poder. Para detener la hemorragia de legitimidad, Salinas se vio obligado a llevar adelante una reforma política que ciudadanizó la dirección del Instituto Federal Electoral (IFE), lo que implicó que el gobierno dejó de ser juez y parte de las elecciones federales y aceptó poner la organización y vigilancia de éstas en manos de un grupo de consejeros ciudadanos, independientes de los partidos y del gobierno.

Las elecciones de 1994, en las que Cárdenas volvió a ser el candidato de la izquierda y Diego Fernández de Cevallos el del PAN, fueron ganadas por el PRI pero con el mismo porcentaje de seis años atrás: Zedillo ganó por mayoría relativa pues sólo logró captar 48.7 por ciento del total de votos válidos. Todo indicaba ya que más pronto que tarde el PRI terminaría por ser derrotado. El PAN, por su parte, recuperó su posición de segunda fuerza electoral –25.9 por ciento– en tanto que la izquierda apenas alcanzó 16.6 por ciento: la mitad de lo que se le había reconocido seis años atrás. El final de lo que resultó ser un pésimo año para el PRI y el régimen, se coronó con el inicio de una gran crisis económica, precipitada por la fuga del capital internacional especulativo (...)

Violencia

Junto y en parte como efecto de las dificultades económicas, la sociedad mexicana de fines del siglo XX se vio sometida a las consecuencias de una ola criminal sólo comparable a las que en el pasado habían sido producto de las guerras civiles y la anarquía. Primero, la expresión más brutal de la capacidad e impunidad de las bandas criminales fue el secuestro al que, al cambiar el siglo, se añadirían las ejecuciones masivas producto de la lucha entre organizaciones de narcotraficantes. En más de un caso, las ligas entre los delincuentes y la policía quedaron expuestas, pero la reorganización de los aparatos de policía y judiciales no estuvo nunca a la altura del problema. Hacia 1990, después de Colombia, México registró el índice más alto de secuestros en el mundo. Un punto culminante de este fenómeno fue el secuestro en 1997 de quien fuera el principal operador de los servicios de inteligencia en México: Fernando Gutiérrez Barrios, ex secretario de Gobernación. La lucha entre bandas criminales desembocó en 5 mil 500 ejecuciones en 2008 y 6 mil 500 en 2009. Para 2010 la matanza se aceleraría. La sensación de inseguridad dominó a la sociedad mexicana.

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La tragedia que tuvo lugar el 22 de diciembre de 1997 en el pequeño y desventurado pueblo de Acteal, en Chiapas, se convirtió pronto en el símbolo de la problemática y las contradicciones del proceso político desatado por la rebelión indígena. Ese día, civiles armados entraron al poblado, cuyos habitantes eran considerados simpatizantes de los neozapatistas, y durante varias horas procedieron a matar a sangre fría a 45 indígenas tzotziles desarmados –hombres, mujeres y niños– sin que la policía o el ejército, estacionados en las cercanías –literalmente, a tiro de piedra–, intervinieran. La protesta nacional e internacional no se hizo esperar y se denunció esa acción como parte de una estrategia contrainsurgente en que las autoridades civiles y militares habían organizado cuerpos paramilitares indígenas para lanzarlos contra la población que servía de base de apoyo al EZLN. Los funcionarios locales y federales, por su parte, negaron la existencia de tales planes y procedieron a arrestar a 70 implicados, pero sin llegar a identificar a los responsables intelectuales del crimen. Al redactar estas líneas, casi 12 años después de la masacre, la justicia seguía sin descubrir a quienes organizaron y armaron a los asesinos y ordenaron la matanza. Por su parte, el grueso de los detenidos y sus familiares se consideraron meros chivos expiatorios y fueron liberados.