La Secretaría de la Función Pública (SFP) presentó denuncia penal en contra de seis funcionarios públicos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), luego de destituirlos, inhabilitarlos y multarlos por aprobar el pago de 9 millones 476 mil pesos por una obra que quedo inconclusa.

Se trata del tramo bulevard Aeropuerto-Xonacatlán de la carretera Toluca-Naucalpan, en el estado de México, que quedó pendiente de ejecutar en los conceptos de concreto hidráulico, suministro y almacenamiento de acero de refuerzo, desbaste de pavimento, subases y bases, materiales asfálticos, cementos asfálticos y carpeta de concreto asfáltico.

De acuerdo con la SFP, los seis funcionarios podrían ser condenados a entre seis meses y 12 años de cárcel, así como a pagar de 100 a 300 días de multa.

Los sancionados con destitución, inhabilitación por 10 años, y una multa de 2 millones 369 mil pesos son: Felipe de Jesús Rivera, director general del Centro SCT, quien omitió supervisar a su personal y permitió el pago ilegal sin la realización de los trabajos; Miguel Ángel García, subdirector de Obras, aprobó pagos ilegales; Jesús López Ramírez, residente general de carreteras federales, autorizó estimaciones de avance de obra irreales y Justino de la Fuente Sánchez, residente de obra, quien autorizó estimaciones de avance de obra irreales.

Por su lado, Jesús Salazar Beltrán, jefe de departamento de contratos y estimaciones de la SCT, y Víctor Hugo Ortiz, subdirector de administración, no pagarán sanción económica, pero el primero fue inhabilitado cinco años para ocupar algún cargo en la administración pública federal, y el segundo tres años.

Las irregularidades se detectaron a partir de que el órgano interno de control de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (dependiente de la SFP), realizó una auditoría de la obra, en la cual identificó reportes en los que indebidamente se registraron trabajos ejecutados sin realizarse, del 16 de agosto al 30 de septiembre, y en diciembre de 2007.

Según los resultados, los involucrados manipularon los registros de avances para tramitar el pago referido.