l asesinato del director del Centro de Coordinación Integral de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) de la Secretaría de Seguridad de Nuevo León, Homero Salcido Treviño, perpetrado la noche del domingo, constituye una sórdida confirmación del poderío de las organizaciones de la delincuencia organizada en esa entidad y representa un desafío directo, ineludible y brutal al aparato de seguridad ideado por la administración calderonista para librar la guerra en curso contra la criminalidad.

Como elementos de contexto, ha de recordarse, por una parte, que los C5 han sido presentados por las autoridades federales como un elemento medular –si no es que el más importante– en la estructura policiaco-militar empeñada para el combate a la delincuencia organizada y al narcotráfico; por la otra, que el Estado parece haber perdido el control de Nuevo León, como lo señaló el ex cónsul de Estados Unidos en Monterrey, Bruce Williamson, en un informe del año pasado que forma parte del paquete de cables diplomáticos entregados por Wikileaks a La Jornada y cuyo contenido fue publicado en estas páginas el pasado 10 de febrero.

Por otro lado, llaman la atención las circunstancias inusuales en el homicidio de Salcido Treviño, como que el funcionario haya salido de su domicilio sin escolta, que el blindaje de su vehículo no fuera útil ante los proyectiles que le dieron muerte y que la camioneta haya sido abandonada en pleno centro de Monterrey e incendiada, con el cuerpo del mando policial en el interior, en lo que constituye un alarde de impunidad del grupo homicida.

Con estas consideraciones en mente es ineludible percibir el asesinato de Salcido Treviño como una reclamación de supremacía por parte de una organización criminal frente a sus rivales y a las autoridades federales, estatales y municipales.

La ciudadanía se convierte en destinataria de un reiterado mensaje de absoluto desamparo: si la criminalidad es capaz de matar al titular del centro neurálgico de las instituciones en la guerra emprendida por el calderonismo, ninguna protección pueden esperar de las autoridades los ciudadanos corrientes.

Más desmoralizador es el contraste entre esta lectura inevitable del homicidio referido y el tono triunfalista oficial con el que se anuncia cada suceso de este conflicto como síntoma de victoria de las fuerzas públicas: en la vivencia de la población, las dependencias y los funcionarios responsables de la seguridad pública no sólo carecen de eficacia, sino también de veracidad en lo que afirman.

Una vez más se pone de manifiesto la necesidad, la urgencia incluso, de emprender un viraje en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia: por si no hubiese habido ya muchas, el golpe al C5 de Nuevo León es una nueva evidencia de que la estrategia en curso no está funcionando y que resulta contraproducente.