quince años de la firma de los acuerdos de San Andrés, los números rojos, por lo que respecta al Estado mexicano, saltan a la vista. Justamente en estos días hizo crisis en Chiapas un conflicto aparentemente intracomunitario entre adherentes a la otra campaña y priístas de San Sebastián Bachajón en torno a una caseta de cobro para ingresar al proyecto turístico de las cascadas de Agua Azul.

Señalo aparentemente porque la injerencia del Estado se ha hecho presente y, más que propiciar la paz en los hechos, ha sido factor del enfrentamiento. Es difícil asumirlo como campo neutral o conciliador cuando es activo promotor de proyectos de desarrollo turístico en territorios indígenas. Justamente un día antes del más reciente enfrentamiento con la presencia de 300 elementos de la policía estatal (que supuestamente llegaron a preguntar por la respuesta al diálogo, el cual fue rechazado), el ocupante de Los Pinos visitó Chiapas y le presentaron los planes de inversión en turismo para la región. Los integrantes de la otra campaña relacionan una suerte de luz verde para el desalojo que sufrieron el pasado 2 de febrero cuando se encontraban reunidos para discutir si aceptaban el diálogo con el gobierno estatal, el cual actúa en respaldo al comisariado ejidal, en una clara postura de otorgar preeminencia a las autoridades agrarias por encima de las del pueblo indígena, al cual formalmente se le ha reconocido autonomía tanto en la Declaración de la ONU sobre Derechos de los Pueblos Indígenas como en el convenio 169 de la OIT, que la define de manera implícita, y en el contrahecho artículo segundo constitucional con el que en 2001 se pretendió dar cumplimiento a los acuerdos de San Andrés.

Habría que señalar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido la preeminencia de las autoridades agrarias y que sus jurisprudencias más avanzadas defienden el derecho al traductor, nuevamente el saldo de los derechos individuales antes que los colectivos de los pueblos.

Este conflicto tuvo diversas etapas durante 2010, en las que se presionó al diálogo y el factor de la venta de tierras que favorece la legislación salinista agraria estaba presente en los diferendos, según las denuncias que en su momento hizo el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas. El saldo de los hechos del 2 de febrero fue el control por la policía estatal de la caseta de cobro en disputa, el homicidio por arma de fuego de un ejidatario del grupo priísta, la detención primero de 117 ejidatarios, de los cuales fueron liberados 107 después de declarar voluntariamente, según el dicho oficial, y se acusó a 10 de ellos, ya con auto de formal prisión, de los delitos de homicidio calificado, tentativa de homicidio, daños y atentados contra la paz y la colectividad.

En ese contexto el gobierno estatal instaló oficialmente una mesa de diálogo y logró el Pacto de Civilidad y Concertación por la Paz, sin la participación de los ejidatarios adherentes de la otra campaña. Emitió, además, un boletín donde reconoce la participación de la PGR y la Policía Federal Preventiva (PFP), se ufana de que respetó los protocolos de desalojo acorde con derechos humanos y justificó su acción en la protección de turistas extranjeros y nacionales supuestamente retenidos. Lamentablemente, y pese al fuerte activismo oficial estatal con agencias de Naciones Unidas, no existen protocolos de respeto a la autonomía de los pueblos indígenas.

Las garantías de justicia para los ejidatarios adherentes a la otra campaña no parecen claras y, como vemos, la situación es más compleja que el logro de la libertad para los diez detenidos mediante la defensa del Frayba. Está en juego la posibilidad de que los pueblos diriman sus diferencias internamente y administren los recursos que se encuentran en su territorio. Es decir, que la autonomía indígena sea una realidad, más allá de los derechos de papel. Lo que sucede en Chiapas es un reflejo crítico de lo que se vive en el país. Durante la reciente estancia de Felipe Calderón en Creel, Chihuahua, actuó en concordancia con la ley promulgada por el gobernador Enrique Creel en 1906, denominada Ley para el mejoramiento de la raza tarahumara. Prometió que su gobierno repartirá 15 mil chamarras decomisadas en operativos anticontrabando, 23 mil despensas, 30 mil cobijas y 600 rollos de hule. No podemos esperar más; en 2001 declaró: No aprobamos una reforma para ver si dialogaba el EZLN, sino porque es buena en sus contenidos y sus méritos. Por la misma razón no estamos en la idea de estar cambiando la Constitución a contentillo, en espera de que se produzcan acciones o reacciones políticas. Las reformas están bien hechas, ahora corresponde a los congresos estatales enriquecerlas y adecuarlas a su propia realidad (Felipe Calderón, citado por Carlos Marín en Milenio, 6 de septiembre de 2001). En síntesis, lejos de un escenario de justiciabilidad, se perfila la continuidad de la resistencia ancestral de los pueblos indígenas.