Bogotá, 15 de febrero. Un juez colombiano condenó a ocho años de cárcel al ex subdirector de análisis del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), Gustavo Sierra, quien llegó a un acuerdo con la Fiscalía General y aceptó los cargos de haber participado en las escuchas telefónicas ilegales.

El juez avaló el acuerdo entre la Fiscalía General y el ex funcionario (Sierra), quien se convertirá en testigo del ente acusador, precisó el diario bogotano El Tiempo en su versión electrónica.

En diciembre pasado, William Romero, ex subdirector de fuentes humanas de la policía política, aseguró que el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) sí estaba enterado de los seguimientos e interceptaciones telefónicas.

Romero dijo que en julio de 2008 fue citado al despacho de la ex directora del DAS, Pilar Hurtado, quien le comentó algo revelador sobre el conocimiento de los hechos por parte de Uribe.

La Fiscalía General investiga el caso del espionaje desde comienzos de 2009, cuando una revista reveló el caso de los seguimientos y las escuchas ilegales por parte del DAS.

Entre los documentos que estudia la fiscalía hay grabaciones de audio y discos compactos entregados hace poco por Romero, quien inicialmente había dicho que los había destruido.

No obstante, el ex funcionario dijo después que había guardado ese material en casas de familiares y que no lo entregó antes por temor a ser asesinado.

Por lo pronto, el Tribunal Superior de Bogotá dejó en firme una condena de ocho años y cuatro meses de cárcel para el ex director de inteligencia del DAS Fernando Tabares, por su participación en las escuchas ilegales, mientras que el ex jefe de contrainteligencia del servicio secreto, Jorge Alberto Lagos, llegó a un acuerdo con la Fiscalía General y tuvo una reducción en su condena por los mismos delitos.

Las autoridades indicaron que Tabares declaró que las interceptaciones se realizaron con el propósito de desprestigiar a jueces y dirigentes de la oposición.

Por otra parte, el gobierno del presidente Juan Manuel Santos garantizó la seguridad para la liberación de los dos rehenes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, cuya entrega se frustró el domingo pasado.