a situación de la francesa Florence Cassez, condenada a 60 años de cárcel por los delitos de secuestro y portación de arma de uso exclusivo del Ejército, ha desembocado en una crisis diplomática de gran envergadura entre los gobiernos de París y de nuestro país, hasta el punto de arruinar el Año de México en Francia. Hace un par de días, el presidente Nicolas Sarkozy anunció que su gobierno dedicaría los actos de ese programa cultural a Cassez y, en respuesta, la Secretaría de Relaciones Exteriores decidió poner fin a la participación del gobierno mexicano en las 350 actividades programadas.
Es pertinente recordar que en diciembre de 2005 Cassez fue capturada, junto con su entonces novio, Israel Vallarta, por elementos de la desaparecida Agencia Federal de Investigación (AFI), y usada para un montaje televisivo que se presentó al público como si hubiese sido una detención en tiempo real. Posteriormente la acusada fue sometida a un juicio en el que se le declaró culpable y se le sentenció a 96 años de cárcel; el fallo fue posteriormente revisado por un tribunal de segunda instancia, el cual ratificó el veredicto, pero redujo la sentencia a 60 años. Hace unos días, el pasado 10 de febrero, el séptimo tribunal colegiado negó el recurso de amparo solicitado por los abogados de Cassez contra esa pena.
Conforme se desarrollaban los procesos penales en México, en Francia se ha ido generando un clima de opinión que ve en Cassez a la víctima inocente de una aberración policial y militar, cuando no como una heroína. En la generación del clamor por la exculpación o, cuando menos, la expatriación de la convicta para que cumpla su sentencia en Francia, tanto la presidencia de Sarkozy como el conjunto de los medios informativos han desempeñado –cada uno en función de sus intereses– un papel protagónico.
El gobierno mexicano, por su parte, se ha visto atrapado en un callejón sin salida: por un lado, su lamentable desempeño en materia de derechos humanos da verosimilitud al retrato de Cassez en papel de víctima inocente de la arbitrariedad policial que, en efecto, impera en el país, y de la corrupción de los sistemas de procuración e impartición de justicia; por el otro, el empecinamiento de la administración calderonista en presentarse como adalid de la seguridad pública y la cruzada contra la delincuencia no deja mucho margen para revisar y corregir las aberraciones en la actuación de las autoridades en este caso. La mano firme
ha de ser, por necesidad, una mano rígida.
Por lo demás, no puede borrarse de un plumazo el fallo de tres instancias jurisdiccionales que coinciden en encontrar fundadas las acusaciones contra Cassez; hacerlo, así fuera sólo para atajar las presiones francesas, significaría vulnerar el orden legal del país. Tampoco es procedente expatriar a la secuestradora en los términos del Tratado de Estrasburgo –los cuales, por lo demás, no son de cumplimiento obligatorio–, pues si así se hiciera habría margen para que la convicta se acogiera a la legislación de su país y cumpliera sólo una pequeña fracción de su pena.
En este episodio es inocultable la arrogancia, la demagogia y el oportunismo con que ha actuado Sarkozy, deseoso de congraciarse con la opinión pública de su país, pero es también patente la impunidad de los funcionarios mexicanos que ensuciaron, desde el momento de la captura, el proceso legal contra Cassez y que dieron pie a los reclamos franceses. En efecto, hasta la fecha el gobierno que preside Calderón ha sido remiso en el esclarecimiento de la desaseada actuación de la AFI –encabezada entonces por Genaro García Luna, actual titular de la Secretaría de Seguridad Pública federal–, la cual obligó a los secuestradores capturados a participar en un montaje escénico para la empresa Televisa, con lo cual violó los derechos humanos de los detenidos, convalidó una farsa ante la opinión pública y dejó sembrada la semilla de la sospecha en torno a los procesos que habrían de venir.
Si las autoridades hubiesen sancionado en su momento a los responsables del atropello, y si mostraran en general una mínima voluntad política en el combate a la impunidad y en la preservación de los derechos humanos, posiblemente no habría margen para las campañas mediáticas francesas que demandan la expatriación de la convicta. La moraleja, si hay alguna, es que el escrupuloso respeto del poder público a las garantías individuales no sólo constituye una obligación legal y ética, sino también un elemento fundamental en la preservación de la soberanía nacional.
