ás allá del pirateo o no de la idea, lo cierto es que el inquilino de Los Pinos abiertamente promueve el avance de la educación privada (en no pocas ocasiones con altísimo contenido clerical) en un país cuya Constitución lo obliga a dar presupuesto, rumbo e infraestructura a la educación pública, laica y gratuita. El recientemente anunciado subsidio fiscal, por medio de la deducibilidad del pago de colegiaturas, beneficia –sin ser la panacea– a padres de familia que tienen a sus hijos fuera del circuito escolar del Estado. A estas alturas, la matrícula privada representa poco más de 13 por ciento del universo estudiantil en el país.

Cierto es que 13 mil millones de pesos (monto estimado para el citado subsidio) no es una cantidad monumental, pero habría que imaginar qué tanto beneficiarían esos dineros a las destartaladas escuelas públicas de buena parte de la geografía nacional, que en no pocos casos carecen de lo más elemental (piso de cemento, paredes de ladrillo, pizarrones y pupitres). Si Calderón (quien asegura que para el gobierno federal la educación es un asunto estratégico) desea apoyar el poder adquisitivo de los padres de familia con hijos en escuelas particulares, de mayor trascendencia hubiera sido ordenar a la autoridad educativa (léase la profesora Elba Esther) que fortaleciera la de por sí deteriorada calidad de la educación pública, y no optar por el subsidio a la educación privada. Y en este contexto, mucho más productivo para los bolsillos de quienes pagan porque sus hijos asistan a una escuela particular sería que el gobierno federal metiera en cintura a las escuelas privadas, toda vez que en materia de colegiaturas, reinscripciones y conexos año tras año suelen servirse con la cuchara grande (aumentos muy por arriba de la inflación oficial).

De acuerdo con el decreto respectivo, sólo son deducibles las colegiaturas en sí. Quedan fuera del beneficio fiscal los costos administrativos, como los servicios, o bienes complementarios como material didáctico, útiles, libros o uniformes, entre otros, así como la cuota de inscripción y reinscripción (un jugoso negocio de las escuelas particulares, que cobran por lo que originalmente cobraron a la llegada del alumno), conceptos que llegan a representar 30 por ciento o más de lo que los padres de familia pagan en colegiaturas regulares. Por concepto de reinscripción, para ejemplificar la magnitud del sablazo, algunas escuelas particulares llegan a cobrar el equivalente a dos colegiaturas regulares, o algo más, mientras la adquisición de uniformes, material didáctico, libros y conexos (en muchos casos vendidos por la propia escuela) significan alrededor de 1.5 colegiaturas adicionales. Pero como todo esto no forma parte de la educación en sí, según el inquilino de Los Pinos, pues simplemente queda fuera del beneficio fiscal.

Retomo una de las frases de Felipe Calderón durante la firma del decreto referido: …“para el gobierno federal la educación es un asunto estratégico…” Bien, pero ¿qué tanto? No mucho, de acuerdo con la estadística de la Secretaría de Educación Pública (Cuarto informe de labores, septiembre de 2010), puesto que en sus cuatro años de inquilinaje en Los Pinos el número de estudiantes de primaria en escuelas públicas apenas si muestra un crecimiento de 1.4 por ciento, o lo que es lo mismo, poco más de 51 mil alumnos por año (incluidas las escuelas particulares) entre el ciclo escolar 2007-2008 y el 2010-2011, periodo en el que el alumnado de todos los niveles apenas si se incrementó en alrededor de 200 mil por año.

Como siempre, se documenta un abismo entre discurso y realidad. El primero pregona un avance histórico; la segunda, un peligroso estancamiento, como en tantas otras actividades. Lo mejor del caso es que el citado decreto subraya que la educación es parte fundamental para lograr los objetivos de desarrollo, modernización y progreso de nuestro país, de ahí que acorde con los objetivos formulados en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas sectoriales correspondientes, resulta indispensable apoyar todo esfuerzo en esta importante materia (de inmediato, 7 millones de ninis se pusieron de pie y aplaudieron el discurso).

Lo anterior se constata cuando las cifras de la propia SEP ofrecen un panorama más amplio: del ciclo escolar 1995-1996 al correspondiente a 2010-2011 (un periodo de 16 años), la matrícula del sistema educativo escolarizado (que incluye desde preescolar a posgrado) se incrementó 27.6 por ciento (a una tasa anual promedio de 1.72 por ciento). En el desglose queda claro quién es quién en este renglón: en dicho lapso, la matrícula en la educación pública reporta un aumento de 21.39 por ciento, mientras la correspondiente a la educación privada registra un avance de 76.5 por ciento. He allí el asunto estratégico.

La misma fuente de información deja en claro que el negocio de las escuelas particulares no ha reportado su mejor momento en los cuatro años de calderonato, ya que por primera vez en los 16 años mencionados este sector reportó un descenso en su matrícula: 1.17 por ciento, cuando de 1995 a 2006 el aumento fue sostenido). Tal vez esta caída (independientemente de su filiación ideológica) convenció al inquilino de Los Pinos de la necesidad de aligerar cargas a los padres de familia para que: A) mantuvieran a sus hijos en instituciones privadas (religiosas de preferencia) y fortalecieran las finanzas de sus dueños, y B) no se les fuera a ocurrir intentar meter a sus descendientes en el sistema de escuelas públicas, porque la capacidad está agotada, con todo y discursos.

Muchos de esos padres de familia estarán felices (y probablemente se vayan con la finta), porque el gobierno calderonista los apoya fiscalmente. Sin embargo, su sonrisa desaparecerá cuando esas mismas escuelas particulares les notifiquen oficialmente que para el próximo ciclo escolar las colegiaturas aumentarán de 10 a 15 por ciento, cuando menos, de tal suerte que el gozo por el subsidio les durará menos que un orgasmo.

Las rebanadas del pastel

Por el lado del pirateo de ideas, más allá del claro fin electorero del inquilino de Los Pinos, lo cierto es que desde 1987, cuando menos, el PRI y el PAN han presentado, cada uno por su lado, prácticamente idénticas iniciativas de ley para subsidiar fiscalmente a la educación privada (con el pretexto de la deducibilidad de colegiaturas), es decir, con los mismos elementos contenidos en el reciente decreto de Felipe Calderón. Vamos, hasta el Verde Ecologista lo hizo, con lo que queda claro el objetivo. En esos 24 años el PRI ha rechazado las iniciativas panistas en la materia y el PAN hizo lo propio con las priístas.

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