La renta de trenes a la iniciativa privada que pretende hacer el Gobierno del Distrito Federal para la operación de la línea 12 del Metro –que correrá de Mixcoac a Tláhuac– sería tres veces más cara que la adquisición de unidades similares que se realizó en 2009.

De acuerdo con el proyecto enviado a la Asamblea Legislativa el arrendamiento de cada carro que compone los convoyes saldría en 87 millones de pesos, mientras que la compra, hace dos años, de cada unidad fue por 18.5 millones de pesos.

En esa fecha, el gobierno capitalino –según información pública–, con mil 500 millones de pesos, adquirió nueve trenes con un total de 81 carros, que forman parte de los bienes del Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Con el nuevo esquema, mediante un Proyecto de Prestación de Servicios de Largo Plazo (PPS), las autoridades rentarían por 17 años 30 trenes con un total de 240 carros, por un monto de 20 mil 880 millones de pesos. Cada carro saldría en 87 millones de pesos, incluido el mantenimiento.

Sin embargo, en el documento enviado a la Comisión de Gobierno, la Secretaría de Finanzas asegura que optar por este modelo permitiría a la administración capitalina ahorrar un importe en valor presente de tres mil 471 millones de pesos al compararlo con el esquema de adquisición tradicional.

Aun más, señala que se busca aprovechar las ventajas operativas que ofrece el sector privado, a efecto de trasladar una parte de riesgos y mejorar el desempeño del sector público.

Entre estos riesgos, enumera, destacan la falta de refacciones o abastecimiento por escasez en el mercado o insuficiencia presupuestal, devaluación e inflación que conlleven a un aumento desmesurado en el costo de los insumos y materiales en la etapa de construcción y de mantenimiento.

Asegura que la utilización del esquema PPS para la adquisición de trenes favorece el desarrollo de infraestructura estratégica para la ciudad, así como el inicio de operaciones del proyecto de acuerdo con el calendario de trabajo.

El contrato de largo plazo incluye dos años de periodo preoperativo y 15 años de servicio, en los que el gobierno capitalino se vería obligado a realizar pagos anuales hasta 2026 con diferentes montos, que van desde los 470 millones a un máximo de mil 847 millones de pesos.