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Seguridad pública
Periódico La Jornada
Jueves 17 de febrero de 2011, p. 41

Sandra Ávila niega haber recibido bótox

Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, negó ante el MP local haber sido sometida a un tratamiento estético con bótox en el penal femenil de Santa Martha, donde se encuentra presa por delitos contra la salud. Ayer rindió declaración, en calidad de testigo, por la investigación que la PGJDF realiza contra servidores públicos de la citada cárcel por permitir la entrada de los médicos externos Manuel Chaparro González y otro más de apellido Acevo, con quienes La Reina del Pacífico aceptó haber tenido trato. Durante tres horas y con la presencia de sus abogados, así como personal de la comisiones nacional y local de derechos humanos, Ávila Beltrán dijo ignorar cómo fue que ingresaron los doctores al centro penitenciario, aunque, según fuentes de la PGJDF, aceptó que le propusieron aplicarle el tratamiento facial mencionado.

En la PGJDF, 800 denuncias por extorsión

La PGJDF tiene en trámite al menos 800 averiguaciones previas relacionadas con extorsiones telefónicas –la más antigua de 2009–, de las cuales 80 por ciento fueron realizadas desde un reclusorio, principalmente Norte, Oriente y la Penitenciaría de Santa Martha. El fiscal antisecuestros de la dependencia, Óscar Montes de Oca, dijo que se trabaja de manera coordinada con la subsecretaría del sistema penitenciario en torno a esta problemática, sobre todo con operativos sorpresa, en los que se decomisan entre 20 y 100 teléfonos celulares. El funcionario señaló que los internos fueron sorprendidos dedicándose a esta actividad son trasladados a lo que se conoce como la zona diamante del Centro de Readaptación Social Varonil de Santa Martha, donde se les limitan las visitas y las estancias en áreas abiertas, entre otras medidas. Agregó que en la mayoría de los casos los reos cuentan con la complicidad de sus familiares, pues son ellos los que introducen los teléfonos celulares en la prisión.

Consignan a dueños de billar por corromper menores

La procuraduría capitalina consignó a propietarios y empleados de un billar por su presunta responsabilidad en el delito de corrupción de menores, pues vendían bebidas alcohólicas a adolescentes. Luego de una denuncia anónima, agentes de la policía de investigación realizaron un operativo en el establecimiento con razón social Cóndor, ubicado en avenida Tierra Fría, colonia Tierra Nueva, delegación Azcapotzalco, los cuales se percataron de que en el lugar se vendía alcohol a menores de entre 15 y 17 años, por lo que fueron aprehendidos David Rubén Tapia y Yolanda Acevedo, dueños del lugar.