Nueva York, 16 de febrero. El gobierno de Barack Obama enviará agentes federales a México para asistir en la investigación del atentado contra dos agentes estadunidenses en una carretera de San Luis Potosí, ataque que legisladores encargados de asuntos de seguridad caracterizaron como un incidente que podría implicar un cambio de juego en la política estadunidense hacia México.

En Washington, la secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, y el procurador general Eric Holder (titular del Departamento de Justicia) anunciaron que formarán una fuerza de tarea especial dedicada al caso, encabezada por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) para asistir a las autoridades del país vecino. Trabajando con nuestras contrapartes mexicanas, ya hemos lanzado una investigación a fondo. Esta fuerza de tarea conjunta asegurará que todo recurso disponible será utilizado para llevar a la justicia a los perpetradores de este delito terrible, declaró Holder.

Esta fuerza de tarea conjunta refleja nuestro compromiso de llevar el poder de investigación y fiscalización del gobierno de Estados Unidos a participar, a trabajar con el gobierno mexicano para llevar a estos criminales ante la justicia, agregó Napolitano.

Por su parte, el Departamento de Estado, que también participa en la indagatoria, reafirmó su confianza en el gobierno de Felipe Calderón en torno a este caso, al recordar que ha actuado de manera muy valiente en años recientes y que, con la ayuda de Estados Unidos, están tomando acciones a fondo contra los perpetradores de este tipo de violencia, afirmó el vocero P. J. Crowley.

Mientras que el presidente Obama se comunicó con los padres del agente Jaime Zapata, asesinado el pasado martes, para expresar sus condolencias, su colega herido, Víctor Ávila, llegó hoy a un hospital en Houston desde la ciudad de México.

Noticiarios y políticos estadunidenses calificaron el atentado contra los dos agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), como el más grave desde el secuestro, tortura y asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena, en 1985, y la gran pregunta es si el ataque fue premeditado y si los agresores sabían que las víctimas eran oficiales estadunidenses.

En el Congreso, el representante Michael McCaul, presidente del subcomité de supervisión de seguridad interna, declaró, poco después de sostener una sesión informativa sobre el incidente con funcionarios de ICE, que fue una emboscada intencional contra dos agentes estadunidenses, y que su camioneta con placas diplomáticas fue perseguida por numerosos “miembros del cártel (al cual no identificó)”. Cuando fueron detenidos los dos agentes se identificaron como funcionarios estadunidenses y, según el legislador, “los miembros del cártel respondieron abriendo fuego”.

En su declaración, McCaul afirmó que este evento trágico implicará un cambio de juego. Estados Unidos no tolerará actos de violencia contra sus ciudadanos o fuerzas de seguridad pública, y yo creo que tenemos que responder firmemente. Esto debería ser un despertador ya retrasado para el gobierno de Obama, de que hay una guerra en la puerta de nuestra nación.

El representante Henry Cuellar, el demócrata de más alto rango en el subcomité sobre seguridad fronteriza del Comité de Seguridad Interna, dijo al diario Dallas Morning News que hay varias versiones de lo ocurrido, pero si se comprueba que fue un ataque premeditado contra dos agentes estadunidenses, eso es un cambio de juego, porque las reglas habrían cambiado, ya que no se ha dado algo parecido desde el caso Camarena y los narcos no habían atacado a oficiales estadunidenses de seguridad en México.

A la vez, advirtió que algunos legisladores republicanos están preguntándose si se debería considerar una respuesta militar estadunidense, algo a lo cual se opone. No se puede enviar militares, afirmó, ya que sería una respuesta errónea y la clave es continuar el apoyo a la Iniciativa Mérida.

El senador Joseph Lieberman, presidente del Comité de Seguridad Interna de la Cámara alta, se refirió al incidente como el recordatorio más reciente de la grave violencia al sur de nuestra frontera, violencia que debe ser detenida.

Los dos agentes son los primeros del ICE en ser víctimas de la violencia al sur de la frontera; según la agencia, en México hay un total de 30 oficiales asignados a su oficina en el país.

Pero en meses recientes, el gobierno estadunidense ha elevado su nivel de alarma ante amenazas potenciales y actuales contra su personal en México. En marzo de 2010, una empleada del consulado en Ciudad Juárez, junto con su esposo y un ciudadano mexicano que trabajaba en esa legación, fueron asesinados cuando presuntos narcotraficantes dispararon contra sus vehículos. En julio se cerró el consulado en esa misma ciudad, debido a amenazas. Además, se han adoptado medidas de seguridad para personal en los consulados. Entre ellas, Washington giró instrucciones autorizando a familiares de sus empleados en algunos consulados fronterizos regresar a Estados Unidos. Este año, el gobierno estadunidense prohibió a oficiales de su consulado en Guadalajara viajar a ciertas partes de esa ciudad después del anochecer.

Políticamente, este incidente podría tener graves consecuencias para la relación bilateral, ya que ocurre en momentos en que diversos legisladores y altos funcionarios han alertado –a veces fuera del guión oficial– sobre la amenaza de la creciente violencia en México para los intereses estadunidenses.