San Sebastián Bachajón Chis, 16 de febrero. “Nuestros 10 compañeros presos en Playas de Catazajá fueron tomados como rehenes por el gobierno del estado, como medida para forzarnos a aceptar su proyecto ecoturístico y acabar con la organización de la otra campaña en el ejido”, dijo esta tarde un representante de los tzeltales en el bloqueo carretero, a pocos metros del crucero a las cascadas de Agua Azul, en dirección a Ocosingo. De Palenque a este crucero la vía está libre.

Demandan la liberación de sus compañeros y denuncian que tanto la agresión a la caseta del ejido –el pasado 2 de febrero– como los actos posteriores han sido provocados por grupos oficialistas y funcionarios del gobierno estatal decididos a desactivar de una vez por todas el obstáculo que representa su resistencia para los planes de explosivo desarrollo turístico.

Diversos representantes gubernamentales presionaron este fin de semana a los ejidatarios de la otra campaña para que participaran en un acuerdo (que como quiera se firmó sin ellos).

Particularmente reveladora resulta la actuación de José Manuel Morales, delegado de Gobierno en Ocosingo, quien según testimonio del representante ejidal, el fin de semana dijo al preso Domingo Pérez Álvaro: Si firmas el acuerdo, digo que estabas conmigo y ya no hay delito. En efecto, resulta que el día de los hechos, el acusado se encontraba en Ocosingo con Morales discutiendo precisamente el problema. A sabiendas de que el indígena está preso por un delito que no cometió, le ofreció un acuerdo para salir libre.

Los dos detenidos con cargos más graves: Jerónimo Guzmán Méndez y Pérez Álvaro, a quienes se acusa de disparar contra un grupo oficialista que ocupó la caseta el día 2, ni siquiera se encontraban presentes en los acontecimientos por los cuales son reos. Jerónimo estaba en otra comunidad llevando comunicación, y Domingo en Ocosingo, como queda dicho.

Los ejidatarios recuerdan que el pasado 3 de febrero fueron detenidos 117 de sus compañeros, y 107 fueron liberados dos días después. Diez siguen presos con delitos fabricados por el gobierno, sus colaboradores priístas y servidores públicos actuales y pasados del municipio de Chilón. Claramente se ve el interés del gobierno federal y estatal por la inversión de las empresas trasnacionales para el famoso centro ecoturístico de las cascadas de Agua Azul.

Adherentes a la otra campaña mantienen el bloqueo de la carretera que entronca hacia las cascadas de Agua Azul, para exigir la liberación de 10 de sus compañeros presos por los hechos violentos ocurridos el 2 de febreroFoto Moysés Zúñiga Santiago

Con un papel en la mano –al que no mira–, el representante tzeltal relata que el día 12 se presentaron en la sede municipal autónoma de San José en Rebeldía (a unos pasos de donde estamos ahora) cinco funcionarios, integrantes del gobierno corrupto y secuestrador: Horacio Moreno Alcázar, subsecretario de Gobierno ,y el secretario particular Luis Beltrán Zuarth, además de los funcionarios del sector social Gilberto Gómez, Ernesto Guzmán López y Ernesto Monterrosa Aguilar.

Traían la propuesta –abunda el indígena– según que para dialogar con el gobierno sobre una minuta de acuerdo para que la caseta sea suya, y una vez firmando el convenio dijeron que liberarían a los compañeros; que se instale la mesa de diálogo y asunto arreglado, dijeron los cínicos. El hombre expresa: Les respondimos que tenemos nuestra dignidad para defender nuestro ejido, es herencia ancestral, no para las manos de las empresas.

Ante el rechazo, los funcionarios se dirigieron a la cárcel de Catazajá a convencer a los presos de que si ellos y sus familias aceptaban el diálogo, no había delito que perseguir. Ofertaron que, al firmar el acta del convenio, cinco salían libres, y el resto cuando signaran el acuerdo. O sea, la libertad a cambio de la caseta y el centro ecoturístico, concluyen los ejidatarios, ofendidos. Entonces, el único delito de los compañeros es defender sus recursos naturales y su autonomía y libre determinación como pueblos indígenas.

En referencia a este problema del acceso a las cascadas de Agua Azul, un grupo de abogados sostuvo ayer en estas páginas que el gobierno carece de facultad legal alguna para administrar bienes ejidales. No obstante, el Ejecutivo de Chiapas, por medio de la Secretaría de Gobierno, a cargo de Noé Castañón León, permitió que un grupo de miembros del Partido Verde Ecologista de México y de la priísta Fundación Colosio despojaran al ejido de su caseta, para que luego la policía la recuperara y destruyera, y días después el gobierno de Chiapas la entregara a la Secretaría de Hacienda.