La Secretaría de Educación Pública (SEP) transfirió 200 millones de pesos al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para difundir en medios de comunicación electrónica y en beneficio de la sociedad programas educativos, culturales y sociales”.

En el año 2009, tal como refiere el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se descubrió que el SNTE nunca demostró si esos recursos se destinaron a la difusión educativa.

El documento refiere que en la fiscalización al sector educativo y cultural se encontraron inconsistencias millonarias en los arrendamientos, del sector central y del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), por un monto de 835 millones de pesos en edificios y locales de la SEP.

Se detectó falta de atención a la problemática de arrendamiento de inmuebles en forma transparente, como es el caso de la migración de las instancias públicas del sector educativo, sin demostrar la necesidad de reubicar oficinas administrativas en inmuebles que reúnan las mejores características en cuanto a localización, espacios utilizables, vías de comunicación, medidas de protección civil

A esto se suma que los movimientos presupuestarios del INAH por concepto de ampliaciones y reducciones por 762 millones 400 mil pesos y 377 millones 186 mil pesos, respectivamente, no fueron tramitados y sustentados en oficios de afectación de gasto, ni informados y mucho menos autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

El informe de la Cuenta Pública 2009 refiere el pliego general de demandas 2009 del SNTE –en su negociación salarial con la SEP– como ejemplo de opacidad: “En él se incluyó el tema de vinculación con la sociedad, por medio del cual demandó que con base en los tiempos que el Estado concede en radio y televisión, se otorgue parte significativa de los mismos al SNTE, con la finalidad de difundir, en beneficio de la sociedad y en ejercicio de la corresponsabilidad educativa del magisterio nacional, programas educativos, culturales y sociales dirigidos a la población mexicana.

Sobre el particular, se comprobó que al SNTE se transfirieron 200 millones de pesos sin que se demostrara que se destinaron a la difusión, en beneficio de la sociedad y en ejercicio de la corresponsabilidad educativa del magisterio nacional, de programas educativos, culturales y sociales dirigidos a la población mexicana.

No obstante la evidencia que encontró la ASF, su recomendación no alcanzó para implementar alguna medida legal contra los probables responsables.

Se llama a la Secretaría de Educación para implementar acciones que garanticen que los recursos transferidos al sindicato cuenten con la información que compruebe, y justifique que fueron aplicados para los fines previstos en el pliego general de demandas, en beneficio de la sociedad y en ejercicio de la corresponsabilidad educativa del magisterio nacional.