Con mucha prisa, en el Senado de la República se pretende aprobar una nueva Ley de Migración, que da facultades a la Policía Federal (PF) para detener a extranjeros que crucen sin documentos el país, e impone sanciones a quienes los contraten para laborar. Con esa legislación se pretende hacer el trabajo sucio a Estados Unidos, advirtió el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el perredista Tomás Torres.

El legislador expuso que aunque el dictamen quedó en primera lectura el jueves pasado y hay la intención de votarlo en la sesión del martes próximo, el PRD pedirá que se posponga, a fin de modificar aquellos artículos que en lugar de proteger los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, propician su violación.

El dictamen sólo lleva las firmas de una de las tres comisiones dictaminadoras, la de Población, que encabeza el panista Humberto Andrade Quezada, y faltan las de los integrantes de Gobernación y de la que él preside.

Lo más discutible del dictamen, expuso, es el artículo 26 de la nueva ley, en el que se dan atribuciones a la Secretaría de Seguridad Pública en materia migratoria y se faculta a la PF a llevar a cabo revisiones de migrantes en lugares distintos a los destinados al tránsito internacional de personas.

Esa disposición va en contra de la exigencia que el gobierno mexicano ha formulado siempre al de Estados Unidos, en relación a que sólo la autoridad competente, es decir, la de Aduanas y Migración, y no otras corporaciones policiacas, puedan verificar la estancia legal de los connacionales y en general de los extranjeros en su territorio.

En la legislación le están dando carta abierta a la Policía Federal para que se convierta en coordinadora del Instituto Nacional de Migración, y eso es francamente aberrante, porque cualquier autoridad va a poder bajar del tren o del medio en que se transporten los migrantes centroamericanos, y encerrarlos.

El senador Torres hizo notar que la iniciativa para expedir esa ley de migración la presentaron en diciembre del año pasado senadores de PRD, PRI y PAN, pero el dictamen, en el que participó activamente el panista Andrade Quezada, contiene modificaciones inaceptables, que tienen que ver con frenar los flujos migratorios hacia Estados Unidos, más que garantizar la integridad y los derechos humanos de los extranjeros que cruzan por territorio mexicano.

En el dictamen, recalcó, se utiliza la palabra aseguramiento como sinónimo de detención de migrantes, pese a que asegurar es un término empleado en la legislación penal.

“Se aseguran cosas o animales, pero el Instituto Nacional de Migración inventó ese lenguaje cómodo, para no reconocer que se trata de la detención administrativa de personas, de extranjeros a los que se les limita la libertad de tránsito. Es vergonzoso que los senadores tampoco distingan y acepten esa trampa.”

Sobre el tema, la senadora perredista Yeidkol Polevnsky resaltó que es inadmisible que la ley mexicana sobre migración establezca para los centroamericanos un trato distinto al que se exige a Estados Unidos para nuestros connacionales.

No podemos aceptar, bajo ningún pretexto, que en nuestro país se le dé un trato indigno a nuestros hermanos que vienen de Centro y Sudamérica.

Igualmente, el senador chiapaneco Rubén Velázquez condenó que en el dictamen se vuelva a imponer sanciones de hasta 500 salarios mínimos a los migrantes que están en México sin documentos y que se impongan multas de hasta mil días de salario mínimo a quien contrate o emplee a extranjeros que no acrediten una situación migratoria regular.

Del dictamen se desecharon otras propuestas del PRD, entre ellas dotar de credenciales a los migrantes, a fin de que se puedan desplazar por territorio nacional, sin ser detenidos.

Los perredistas formularon una contrapropuesta que incluye eliminar las facultades de la PF en materia migratoria y otros cambios. Entre ellos, eliminar del artículo 81 el párrafo que ahora establece que el gobierno federal deberá disuadir la emigración de mexicanos por canales informales y sin la debida autorización del país destino.

Proponen que en lugar de ello se incluya: garantizar la integridad física y los derechos humanos de aquellos emigrantes mexicanos y transmigrantes que decidan salir del territorio nacional por canales informales y sin la debida autorización del país destino.

El senador Torres dijo que insistirá en que se dejen atrás las prisas, las premuras, y se modifique el dictamen. No debemos precipitarnos o va a pasar igual que con la Ley Antisecuestro, que hubo necesidad de corregir los errores antes de que entrara en vigor.