l pasado domingo se publicó en este diario un artículo intitulado Planea el gobierno local ceder a la IP operación del alumbrado público
. De acuerdo con la información, se cedería a la iniciativa privada la rehabilitación, modernización y operación del alumbrado público
, según proyectos enviados a Asamblea Legislativa. También se habla de señalización.
Se lanzaron ya las licitaciones y se hicieron los contratos desde el año pasado, pero aún falta la autorización del órgano legislativo
. Se habla de coinversión, con aportaciones federales. Se habla también de proyectos hasta 2019, lo cual comprometería al siguiente gobierno del Distrito Federal.
La justificación para poner este alumbrado en manos de empresas privadas es que actualmente éste usa tecnologías obsoletas, bajos niveles de eficiencia energética y limitada visualización para peatones y automovilistas
.
La Asamblea Legislativa debe ver con atención estos proyectos. Lo que es congruente es la aportación federal, pues el gobierno de derecha sí ama abierta y fervientemente las privatizaciones. Objetivamente, esos fondos estarían impulsando al capital privado a costa de los recursos públicos.
La modernización no es de ahora. Por ejemplo, cuando se construyó, ya en el actual gobierno, la ruta 2 del Metrobús, el alumbrado, que tenía como medio siglo, no se cambió. En contraste, cuando se hizo la ruta uno, en el sexenio pasado, se cambiaron todos los equipos de alumbrado en Insurgentes, a lo largo de la ruta uno. También se instalaron en años anteriores equipos que no deslumbran a los automovilistas ni a los que viven a los lados de las vialidades, y con luz mucho más viva en varios ejes viales, en Reforma y otras avenidas.
Sí, hay muchas calles y avenidas que requieren cambios, pero no hay razón para no haberlo hecho gradualmente en años recientes. Y, además, se pueden hacer con fondos públicos.
No hay ningún provecho en realizar estos trabajos con empresas privadas. Algunas de las ventajas de hacerlas el organismo público, contratando sólo los trabajos que el personal propio no alcanza para realizar, son las siguientes:
Proyectos y supervisión. Al realizarlas, el organismo público puede aprovechar su propia experiencia, y controlar y corregir errores de las empresas contratadas. Los proyectos se pueden hacer en menos tiempo con un costo mucho menor.
Compra masiva de componentes por la entidad pública y concurso entre fabricantes. Al no hacer un concurso de toda la obra, se puede licitar cada componente. Concursan fabricantes, lo cual es mucho más económico que si es el gran contratista el que compra de todo, y carga además su costo de intermediación.
Laboratorio. Las lámparas y otros componentes pueden ser probados por el organismo para evaluar la calidad de los mismos. El gran contratista buscará, dadas las especificaciones, el menor precio para comprar y cargarlo más caro al organismo que lo contrató.
Mantenimiento. La dirección de alumbrado da a la red un mantenimiento en tres turnos permanentes, con personal con experiencia. Suplir esto con una empresa privada sería, primero, muy caro; segundo, ya vimos el caso de la energía eléctrica en la región central del país, donde la dirección de la Comisión Federal de Electricidad subrogó a empresas privadas, las cuales, a su vez, contrataron personal sin experiencia alguna en esta región. Ha habido accidentes graves y un servicio con muchas quejas.
No se ve posible que un gran contratista supere la calidad de los equipos que elabore o instale el organismo público, en su caso con ayuda de empresas especializadas. El gran contratista es a menudo de la industria de la construcción y, en todo caso, subcontrata, lo cual va elevando los costos y abre el paso a más fallas.
Lo correcto sería que los fondos federales se entreguen a todas las entidades del país sin condicionamiento alguno. El Distrito Federal y los estados deben adoptar sus decisiones soberanamente, tanto en el caso del alumbrado, como en cualquier otro asunto. Y debe haber presupuesto suficiente para estas actividades.
Es más, para tener un verdadero federalismo, las entidades deben recibir esas cantidades directamente y como parte de su presupuesto.
