Al deslindarse de investigar los 79 asesinatos ocurridos el viernes pasado en el país, la Procuraduría General de la República (PGR) incurriría en un acto de irresponsabilidad, pues gran parte de los crímenes podrían ser de carácter federal, advirtieron activistas de organizaciones de derechos humanos.

Por separado, funcionarios judiciales de Oaxaca coincidieron en que las acciones del crimen organizado deben ser atendidas y sancionadas por la Federación, y llamaron a combatir a los delincuentes de forma coordinada y sin echarse la bolita.

Alfonso García Castillo, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria, señaló que los índices de violencia en el país dejan claro que el planteamiento de las autoridades para combatir al crimen no ha sido efectivo.

Deslindarse de buenas a primeras, diciendo que los crímenes deben ser resueltos por las procuradurías estatales y sin haber investigado antes, me parece una irresponsabilidad, porque ahí podría haber indicios de delitos del orden federal, aseveró.

Agnieszka Raczynska, secretaria ejecutiva de la Red Todos los Derechos para Todos, consideró que los 79 homicidios –la jornada más violenta en lo que va de este sexenio– comprueban la nula efectividad de la estrategia de seguridad del gobierno.

La falta de acuerdos sobre qué instancia es la encargada de resolver determinados crímenes es un recurso utilizado para evadir responsabilidades, cuando lo que debería hacerse es adoptar una perspectiva integral de acción desde los derechos humanos.

Manuel de Jesús López López, procurador general de Justicia de Oaxaca, afirmó que como tal, el crimen organizado es un delito federal, y si bien hay casos en que caen en el ámbito local, esos ilícitos son atraídos por la PGR.

El funcionario comentó que habría que separar el ámbito de competencia. Insisto, el crimen organizado está en el ámbito federal. Como en el caso de los migrantes, nosotros lo iniciamos pero lo atrajo la Procuraduría General de la República.

El secretario de Seguridad Pública, Marco Tulio López Escamilla, dijo: la idea no es que nos lavemos las manos ni echemos la pelotita.

Comentó que los homicidios cometidos por la delincuencia organizada son delitos del fuero común, que dependiendo de las condiciones que presenten son atraídos por la PGR, que tiene la facultad exclusiva de establecer criterios de cuáles atrae y cuáles no. Nosotros no podemos establecerlo.