La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que en 2009 el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública no pudo ingresar al banco de datos de dicho sistema, lo que impidió al ente fiscalizador de la Cámara de Diputados revisar sus manuales, políticas, criterios y estructuras, lo que significó no tener elementos para analizar la incidencia criminológica en los ámbitos federal y local.

En su informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, la ASF recomienda al secretariado ejecutivo promover la realización de convenios y actos jurídicos para que el Centro Nacional de Información logre recopilar los datos que se encuentran en los registros del sistema nacional.

Por tal razón, la ausencia de coordinación en dicho secretariado limita los esfuerzos del Estado mexicano para garantizar la seguridad de las personas, la integridad de sus bienes y el libre ejercicio de sus derechos.

La falta de acceso oportuno a los registros del Centro Nacional de Información limita las funciones del secretariado, que carece de disponibilidad de información contenida en dicho sistema. Además, sería necesario integrar una base de datos que se actualice permanentemente para vigilar y determinar la necesidades de procesarlos.

De tal forma –concluye la ASF–, el secretariado ejecutivo careció de la información cuantitativa sobre los datos totales que debieron contener los registros del personal de seguridad pública; de indiciados, procesados y sentenciados, así como de armamento y equipo, por lo que no fue posible establecer su nivel de actualización.

Determinó que en el ámbito federal, la cobertura del personal de seguridad pública registró un retroceso acumulado de 23.2 por ciento, al pasar de una cobertura de registro de 79.7 por ciento en 2008, a 56.5 en 2009. Y en el ámbito local, la cobertura reportada de 97.9 por ciento no resultó confiable, ya que en 16 entidades federativas el número de elementos registrados fue superior al de los existentes y a los que están en activo y no activos, a pesar de que en el propio reporte se indica que corresponde a elementos activos.

Otra de las carencias del secretariado ejecutivo durante 2009 fue un programa para concluir las metas previstas hacia 2012 para el servicio de atención de llamadas de emergencia (066) y para las de denuncia anónima (089).

Las recomendaciones de desempeño que emite la ASF manifiestan que el secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad pública debe promover acciones legales para que el Centro Nacional de Información continúe recopilando datos relativos a la seguridad pública, “con el fin de garantizar su administración y adecuado funcionamiento.

Que el secretariado ejecutivo defina e instrumente un programa de supervisión con objetivos, metas y responsables que le permita verificar de manera periódica el cumplimiento de los convenios en el contexto del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal; la correcta y eficiente aplicación de los recursos, e impulsar el desarrollo de los programas, políticas, estrategias, protocolos y acciones del sistema.

Entre el cúmulo de argumentaciones destaca aquella que obligaría al secretariado ejecutivo a informar a las entidades federativas los resultados obtenidos de la verificación de los convenios en el fondo de aportaciones, y de proceder y restituir la ministración de recursos a las entidades federativas que incumplan los términos del convenio suscrito con la Federación.