l 10 de febrero, durante una audiencia del comité selecto sobre inteligencia de la Cámara de Representantes en Washington, James Clapper, director de Inteligencia del gobierno de Barack Obama, dijo que debido a la narcoviolencia en la frontera, México había sido elevado a categoría uno, la más alta en cuanto a las amenazas potenciales a la seguridad nacional de Estados Unidos. Según los protocolos y las directivas de la Dirección de Inteligencia (DNI) estadunidense, la definición de categoría uno pasa por el escritorio del Consejo de Seguridad Nacional y es aprobada por el inquilino de la Casa Blanca.

En su testimonio de evaluación entregado por escrito al comité, el funcionario calificó de insuficientes las capacidades militares y policiales dedicadas al combate a los cárteles criminales en México. Y como consignó David Brooks en La Jornada, Clapper señaló entonces que no se veían señales de que, debido a un cambio de estrategia, los líderes traficantes hayan decidido atacar de manera sistemática a funcionarios de Estados Unidos en México. Sin embargo, advirtió que la amenaza colateral a personal estadunidense continúa siendo real, y podría empeorar si los cárteles concluyen que la asistencia de Washington resulta esencial para cualquier mejora pronunciada en los esfuerzos mexicanos antidrogas.

Apenas cinco días después (15 de febrero) eran baleados en San Luis Potosí dos agentes especiales del Servicio de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), adscritos a la Secretaría de Seguridad Interior en la misión de Paseo de la Reforma, a cargo del embajador Carlos Pascual. De acuerdo con la información oficial, los policías viajaban por la carretera Monterrey-México a bordo de una camioneta blindada, con placas diplomáticas, cuando fueron baleados por desconocidos. Jaime Zapata resultó muerto, Víctor Ávila sobrevivió al ataque. Entre las hipótesis se maneja que, tras sostener al menos dos encuentros con informantes y otros agentes estadunidenses, fueron víctimas de una emboscada o un ataque premeditado. Las teorías difieren: una indica que antes del atentado hubo una persecución; otra alude a un falso retén militar instalado en la carretera.

La secretaria de Seguridad Interior, Janet Napolitano, declaró en Washington que un equipo encabezado por agentes de la FBI haría una intensa investigación en México. Y sin tapujos adelantó que los ejecutores de Jaime Zapata serán ajusticiados. Es decir, se les aplicará la pena de muerte; no aclaró cómo. La premisa es simple: si tocan a uno nos tocan a todos. Ergo, habrá venganza.

Más allá del desenlace quedan muchas interrogantes. ¿Cuáles eran las tareas de los policías estadunidenses en territorio nacional? ¿Eran agentes adscritos a la Oficina de Aduanas-Alianza Comercio contra el Terrorismo? ¿Cumplían alguna misión específica? ¿Realizaban labores de asistencia técnica y de intercambio de información con sus contrapartes en México? ¿De qué orden? ¿De aduanas? ¿De drogas? ¿De tráfico de personas? ¿Entregaron equipo técnico? ¿Eran asesores o instructores en la escuela de la Policía Federal ubicada en San Luis Potosí? ¿Formaban parte de alguna fuerza de tarea encubierta y, por tanto, de intervención directa y ejecutiva en territorio nacional, al margen de las leyes locales? ¿Es verdad que estaban desarmados en “territorio zeta”? ¿Conocían los agentes a sus agresores y por eso fueron sorprendidos? ¿Por qué los disparos fueron dirigidos al abdomen y a las extremidades inferiores de las víctimas? ¿Por qué dejaron con vida a Víctor Ávila? ¿Ávila no declaró ante autoridades mexicanas? ¿Por qué? ¿Fue una provocación dirigida a intensificar la guerra de Calderón y facilitar una mayor injerencia de los organismos de seguridad de Estados Unidos en México?

¿Fue una simple casualidad que el máximo jefe de la Inteligencia estadunidense, Clapper, advirtiera cinco días antes sobre un eventual cambio de estrategia de los cárteles locales, singularizado en el ataque a personal de seguridad de su país en México? ¿Habrá alguna relación de causalidad con que tras el atentado, casi en automático, los congresistas Michael McCaul, representante republicano por Texas, y el demócrata Henry Cuéllar, el de más alto rango en el Comité de Seguridad Interna, declararan que el ataque a Zapata y Ávila implica un cambio de reglas, lo que a su vez llevaría a un cambio de juego en la relación bilateral?

El atentado ocurrió tras una campaña de saturación propagandística de Washington, iniciada luego de que Calderón flaqueó en cuanto a seguir utilizando el concepto guerra en el combate a los grupos criminales. De inmediato, el jefe del estado mayor del Pentágono, almirante Michael Mullen, reivindicó la guerra en México. Y en vísperas de la visita de Hillary Clinton, el vocero del Departamento de Estado declaró que la violencia de los cárteles mexicanos amenaza la seguridad nacional de Estados Unidos. Como para ambientar la llegada de Hillary, un coche bomba estalló en Tula, Hidalgo. Luego, la bipolar secretaria de Estado reivindicó aquí al Ejército Mexicano y marcó la línea: gane quien gane, la guerra debe seguir más allá de 2012. Después, el Capitolio reforzó la matriz de opinión sobre la insurgencia criminal y el terrorismo doméstico en México; el subsecretario del Ejército de EU, Joseph Westphal, contempló el envío de tropas; la Napolitano volvió a asustar con una alianza zetas-Al Qaeda –narcoterrorismo, pues–, y el zar de la Inteligencia, Clapper, vaticinó ataques contra agentes estadunidenses.

¿Fue una profecía autocumplida o simple daño colateral? ¿Qué sigue? ¿El cambio de juego y de reglas? ¿Acaso una intervención humanitaria del Pentágono? ¿La pedirá Felipe Calderón?