l decreto por el que se otorga un estímulo fiscal a las personas físicas en relación con los pagos por servicios educativos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes pasado, está mal diseñado y fue puesto en marcha de forma precipitada, pues no es seguro siquiera que pueda ser útil para los sectores a quienes se trata de beneficiar. Pongo algunos ejemplos:

1. No existen controles oficiales para la definición del monto de las colegiaturas en las escuelas privadas. Por tanto, la exención en el pago de impuestos decretada por el licenciado Calderón corre el riesgo de convertirse en un subsidio a esos establecimientos, los cuales pueden aumentarlas gradualmente (o de facto), apropiándose del beneficio aparente a los contribuyentes que envían a sus hijos a estos centros educativos. Para evitar que esto suceda, el decreto debería incluir una regulación sobre las colegiaturas, cosa que no está prevista en el mismo.

2. Aprovechando el nuevo ordenamiento, las escuelas privadas no solamente pueden aumentar sus colegiaturas, sino también incrementar el costo de otros servicios no incluidos en el decreto (como pagos de inscripción y reinscripción, uniformes, libros, materiales didácticos, prácticas escolares, transporte, actividades deportivas, etcétera), sin que exista algún control para que esto ocurra, por lo que en un tiempo muy breve podrían de manera indirecta absorber parte significativa (o la totalidad) de los beneficios que implica el documento que se examina.

Pero más allá del subsidio indirecto a los colegios particulares, la crítica principal que puede hacerse al decreto es que desaprovecha la gran oportunidad de regular la calidad de la educación que se imparte en las escuelas privadas. El único requisito que impone es que los establecimientos educativos cuenten con autorización o reconocimiento de validez oficial en los términos de la Ley General de Educación. Tomemos por caso el bachillerato. En todas las colonias y barrios (sean ricos o pobres) de las diferentes entidades de la República existen preparatorias particulares, las cuales exhiben en su publicidad (a fin de cuentas se trata de establecimientos mercantiles) el reconocimiento oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

En este nivel, a las preparatorias públicas se le exige calidad y rendición de cuentas. Los alumnos que ingresan deben aprobar exámenes de admisión, como los del Ceneval –la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), gracias a su autonomía, define sus propios criterios de admisión al bachillerato–. En contraste, a las escuelas privadas, de acuerdo con el decreto, les basta con ostentar el número correspondiente de acreditación por la SEP. Este reconocimiento oficial pudo ser obtenido, en el mejor de los casos, a través de algún procedimiento de evaluación, o bien mediante los muy extendidos sistemas de corrupción. Los salarios que se pagan en ellas a los maestros son miserables, por lo que la calificación de los docentes en muchos casos es dudosa.

Por las insuficiencias presupuestarias en las preparatorias públicas, en las que simplemente no hay cupo, estas escuelas patito –las cuales constituyen un fraude para los jóvenes y sus padres– han proliferado al grado de convertirse en un auténtico cáncer. Pero resultarán indirectamente beneficiadas, como hemos visto, por el decreto, que no prevé ningún control sobre la calidad de la educación. Lo anterior muestra que el fortalecimiento del bachillerato de carácter público (al que siempre se le regatean los recursos) constituye uno de los mejores antídotos contra la proliferación de estos establecimientos fraudulentos.

Teóricamente, puede haber un efecto inesperado del decreto: una fracción de los padres, o de quienes sostienen la educación de los alumnos de las escuelas privadas y que pueden pagarla, tendrá un ahorro (a costa de todos los contribuyentes), lo que podría propiciar, aun en pequeña escala, la migración de los educandos hacia los establecimientos considerados subjetiva u objetivamente de mejor calidad o estatus, con lo que puede ocurrir un reacomodo, que resulta interesante. Sin embargo, el ordenamiento no está pensado en ninguno de sus términos para el mejoramiento de la calidad educativa en el ámbito privado, pues, como se reconoce en el propio decreto, el ahorro de recursos tendrá como efecto: “… que las familias los destinen a otros rubros de gasto indispensables para el mejoramiento y bienestar en el hogar”. Además, para quienes optaran por este desplazamiento, se incrementarían los riesgos anotados en los puntos 1 y 2 de este texto.

Es innegable que existen también escuelas privadas de calidad en los distintos niveles, en particular en el bachillerato. Establecen criterios de admisión de alumnos y contratan profesores responsables, a los que sin embargo pagan generalmente muy bajos salarios (es parte del negocio). Curiosamente, algunas de estas escuelas diseñan sus programas y preparan a sus alumnos buscando que sus egresados cuenten con los conocimientos suficientes para aprobar el examen de admisión a las universidades públicas, como la UNAM, la Autónoma Metropolitana o el Instituto Politécnico Nacional. Por ejemplo, los estudiantes cuya vocación son las matemáticas o las ciencias, especialmente en las áreas experimentales, apoyados por sus padres ven en su futuro a las universidades públicas, pues en ellas es donde se cultivan al más alto nivel estas áreas del conocimiento. Sin embargo, a éstas se les regatean año con año los recursos que les permitirían incrementar la matrícula.