La respuesta que el gobierno capitalino dio a la recomendación 1/2011 fue inconsistente y simulada, afirmó el director del centro Fray Francisco de Vitoria (CDHFFV), Miguel Concha Malo.

Ayer se realizó en el Centro Universitario Cultural el foro denominado Del programa de derechos humanos a la supervía poniente. El objetivo fue generar un espacio de análisis en torno a las políticas públicas con perspectiva de derechos humanos en el Distrito Federal frente a las acciones implementadas por entes públicos que contradicen o implican violaciones a la vida digna de las personas.

Durante una de sus intervenciones, Concha Malo señaló: los derechos humanos quedan mal orientados si no se concretan, si no logramos que sean respetados por el poder, tanto público como privado.

Al foro, organizado por el Centro Vitoria, acudieron estudiantes, investigadores, activistas y vecinos de diferentes partes de la ciudad. Durante la primera mesa, Laura Becerra Pozos, de Equipo Pueblo, y Ana Luisa Nerio, coordinadora general del CDHDFFV, analizaron el Programa de Derechos Humanos del Distrito Federal y la Carta por los Derechos de la Ciudad.

En la segunda mesa participaron Cristina Barros, integrante del Frente Amplio en Contra de la Supervía Poniente; Alfonso García, del área jurídica del CDHFFV, y el tercer visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Luis Jiménez Bueno.

Fue en esta mesa en que se enumeraron cada una de las violaciones que ha cometido el gobierno capitalino en el tema de la vía de cuota.

Incursiones policiacas antes del amanecer, estrategias para dividir a la comunidad, obstrucción al acceso a la información, negación al derecho de audiencia, aprobación de una obra sin conocer los efectos ambientales que ocasionará, falta de legalidad jurídica y prohibición a los ciudadanos de participar en decisiones públicas, fueron algunas de las violaciones mencionadas.

Concha Malo y Jiménez Bueno recordaron que si bien la recomendación 1/2011 no es vinculatoria –es decir, el gobierno local no está obligado a acatarla–, la administración de Marcelo Ebrard no es la instancia facultada para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos, pues esa función le corresponde por mandato constitucional a la comisión presidida por Luis González Placencia.

El foro comenzó a las 10 de la mañana y terminó después de las 13 horas. También se mencionaron las ilegalidades cometidas por el GDF para concretar el proyecto de la supervía poniente, como la violación a la ley Ambiental y la del Régimen Patrimonial y del Servicio Público.