Una indemnización de más de 47 millones de pesos que demanda la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la empresa Central Anáhuac SA de CV abrió la puerta para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) analice la constitucionalidad de los contratos de arbitraje internacional suscritos por las paraestatales nacionales con la iniciativa privada nacional y extranjera.

Lo anterior, en razón de que la primera sala del máximo tribunal ejerció su facultad de atracción para conocer el amparo presentado por la CFE en contra de la decisión de un juzgado de distrito que validó la decisión de la Cámara de Comercio Internacional del 29 de julio de 2009, en la que resultó favorecida Central Anáhuac para no pagar la suma reclamada, además de la imposición a la paraestatal del pago de costas, abogados y gastos generados durante el juicio.

Los ministros consideraron que el asunto reúne las condiciones de importancia y trascendencia necesarios, ya que en este caso están involucrados recursos públicos.

Además, la Corte tendrá oportunidad de analizar si es válido que paraestatales –como CFE y Pemex– reconozcan la jurisdicción de tribunales internacionales de arbitraje, en lugar de los tribunales nacionales, cuando firmen contratos con empresas privadas nacionales y extranjeras.

En juego, 47 millones de pesos

El 3 de febrero de 1998 la CFE y Central Anáhuac firmaron un contrato para la generación, y compra venta de energía.

El documento definió que la comisión se encarga de abastecer el combustible (gas natural) necesario para la producción de energía eléctrica.

En 2003, la empresa dejó de pagar a la CFE el suministro de gas natural correspondiente a cinco meses, con el argumento de que el combustible era de mala calidad.

En julio de 2003 las partes acudieron ante British Power International, el cual decidió el 20 de julio de 2006 que Central Anáhuac debía pagar el suministro de tres meses de gas natural con un importe superior a 47 millones 462 mil pesos.

Inconforme, la empresa acudió al arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, la cual resolvió el 29 de julio de 2009 en contra de la CFE.

La paraestatal entonces sí acudió ante la justicia federal para reclamar la nulidad del arbitraje internacional; sin embargo, un juzgado de distrito determinó, el 22 de abril de 2010, que era improcedente la demanda de nulidad del laudo internacional. La CFE interpuso un amparo en contra de la sentencia, el cual fue atraído por la primera sala de la Suprema Corte.