Tultitlán, Méx., 24 de febrero. Vecinos de la colonia Lechería exigieron al gobierno federal la liberación de Josefina Vela Torres y de su hija Nancy María Luisa Ayala Vela, aprehendidas por agentes federales el martes pasado, durante un cateo en el cual retuvieron a 31 indocumentados. Además, acusaron a los uniformados de abuso de autoridad y violación de los derechos humanos.

Un vaso de agua, alimento y ropa nunca se les negaba (a los migrantes). Era ayuda humanitaria y ahora están detenidas mi esposa y mi hija, afirmó el mecánico Leobardo Anaya.

En Lechería confluyen vías del tren que traen furgones del sur del país y cruzan el municipio de Tultitlán rumbo a la frontera norte.

Los policías llegaron a la comunidad la noche del martes, embozados y con armas de grueso calibre. Ingresaron a una vecindad y a una vivienda de la avenida 11 de Julio. Eran las once y media de la noche. Yo dormía con mi esposo y de pronto empujaron la puerta de mi casa; echaron abajo el candado y mi habitación se llenó de hombres encapuchados que nos ordenaron tirarnos boca abajo, narró una vecina.

Colonos explicaron que no los golpearon, pero los encañonaron con armas largas y los obligaron a tirarse boca abajo. Pensé que nos iban a matar o que era un secuestro, dijo una mujer.

Leobardo Anaya, quien tiene su domicilio en la avenida 11 de Julio, relató que su esposa y su hija fueron trasladadas a las oficinas de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), pero ellas son inocentes; no es cierto lo que se dice en los medios.

Ambas mujeres fueron acusadas de pertenecer a una banda de traficantes de indocumentados. Manuela Ríos Salmerón dijo conocer a Leobardo y a su familia. “Nosotros somos nativos de Lechería. No es justo que las autoridades y la policía vean mal la ayuda que se da a los migrantes.

Ellos pasan muy seguido por aquí y nos piden una botella de agua o un taco, y nosotros por humanidad se los brindamos. Eso no es ningún delito, expuso Manuela Ríos Salmerón, dirigente social que después de 40 años de gestión logró el cierre y saneamiento de predios de la empresa Cromatos de México.

Manuela, cuya labor ha sido reconocida por el Congreso de la Unión y por los gobiernos federal y estatal, rechazó de manera tajante que sus dos vecinas sean traficantes de indocumentados.

Este jueves volvió la calma a Lechería, comunidad donde se ubica la Casa del Migrante San Juan Diego, que cada día aloja al menos a 100 de los más de 600 indocumentados que cruzan la colonia o pernoctan en ella.

La vecindad del número 53 de la avenida 11 de Julio fue punto de alojamiento de al menos cuatro indocumentados hondureños el martes por la noche, quienes fueron detenidos y enviados al Instituto Nacional de Migración.

La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dijo a que salvaguardar las garantías de migrantes y vecinos compete al ombudsman nacional.