n poco más de un cuatrienio, tres triste personajes han ocupado la titularidad de la Secretaría de Economía del calderonato, y los tres han dicho exactamente lo mismo: no permitiremos aumento en el precio de la tortilla, ni toleraremos abusos en contra de los consumidores, porque es una minoría la que especula con este producto, cuyo abasto está plenamente garantizado. Qué bueno que sus advertencias fueron contundentes, porque en la práctica de los últimos días de noviembre de 2006 a la fecha tal precio reporta un incremento cercano a 100 por ciento, los abusos en contra de los consumidores son práctica cotidiana, la minoría goza de cabal salud y el abasto interno depende de la disponibilidad externa.

Al mes de instalarse en Los Pinos, el calderonato registró su primer encontronazo con la realidad nacional en materia alimentaria. El precio de la tortilla agarró vuelo y de 8 pesos el kilogramo se elevó hasta 16 pesos en algunas ciudades. En ese momento Eduardo Sojo, uno de los escuderos de Vicente Fox, ocupaba la oficina principal de la Secretaría de Economía del nuevo gobierno, y para tranquilidad de los consumidores declaró: “no existe posibilidad de que el gobierno controle el precio de la tortilla… a medida que sube el precio y hay más incentivos, van a sembrarse más hectáreas, habrá más producción como respuesta al incentivo del mercado. Mientras, la Procuraduría Federal del Consumidor vigilará que no haya abusos en las ventas… Existen otras medidas más efectivas. Acciones como el control de precios siempre traen problemas, siempre desincentivan la producción; siempre traen problemas en toda la cadena productiva. Entonces, nuestra posición es que hay medidas mucho más efectivas para resolver el problema, que tiene que ver más con incrementar la producción y la competitividad y no el control de precios. Son factores coyunturales” (10 de enero de 2007).

En los últimos días de noviembre de 2006, el gobierno de Vicente Fox se despidió con una brutal tanda de aumentos en los precios de, cuando menos, leche popular, gasolinas y diesel (que sigue en marcha), gas, tarifas eléctricas y tortilla (de 6 a 8 pesos por kilogramo, o lo que es lo mismo, 33.3 por ciento de incremento). Llegó la continuidad (léase Calderón) y la avalancha siguió su rumbo. Así, en enero de 2007 de nueva cuenta subió el precio de la tortilla. Decía Calderón en su campaña electoral que “los precios no se pueden bajar al chilazo, por decreto, porque al ciudadano se lo cobran en tortillas…” Y ya instalado en Los Pinos, por decreto ordenó controlar los precios de maíz y tortilla, mientras Sojo encontraba un lugar adecuado para meter su lengua.

El asunto se arregló con una especie de pacto (que concluyó en 2008) entre el gobierno y los grandes acaparadores… perdón productores: 8.50 pesos por kilogramo, es decir, un aumento de 6.25 por ciento en el precio y generoso subsidio público tras bambalinas. A partir de allí, todos los años se presenta el mismo problema y se registran las mismas declaraciones: el gobierno asegura que no hay razón para aumentar el precio, que se trata de una escalada especulativa, que garantizará el abasto de maíz blanco y que la mano del muerto, olvidando que el factor coyuntural (Sojo dixit) comenzó el primer día de 1999, en el sexenio zedillista, cuando la tecnocracia decidió cancelar el subsidio a la tortilla por ser altamente improductivo, para trasladarlo a los acaparadores de la cadena maíz-tortilla, con peores resultados.

A Sojo lo mandaron a Aguascalientes (al Inegi) y en su lugar llegó el carismático Gerardo Ruiz Mateos, quien nunca se enteró de nada. Durante su estancia en la Secretaría de Comercio –aunque a nadie le consta– se dedicó –según dijo– a “fomentar la competitividad de esta importante cadena productiva, para que las empresas puedan obtener mayores ganancias y los mexicanos accedan a un producto de calidad y a menores precios. Estamos convencidos de que la mejor manera de apoyar el bolsillo de los mexicanos es apoyando a nuestras empresas a reducir sus costos de producción para así hacerlas más competitivas. Ese es el objetivo del Programa Mi Tortilla, a través del cual fomentamos el desarrollo de miles de microempresarios… Estamos capacitando a empresarios para que puedan identificar áreas de oportunidad en la administración de sus negocios, en la relación con proveedores y las alternativas tecnológicas que los ayudarán a ser más productivos”.

El precio nunca bajó, y a Ruiz Mateos lo regresaron a Los Pinos. En su lugar, si alguna vez lo ocupó, llegó un experto en derecho canónico, Bruno Ferrari, quien, innovador, advirtió que no se tolerará ningún tipo de abuso u oportunismo en contra de los consumidores de tortilla, ni se permitirá que se incremente el precio de este alimento básico, puesto que no se justifica. Dos meses después de esa declaración –la cual puntualmente repitió a lo largo de enero y en lo que va de febrero de 2011–, el precio del kilogramo de tortilla ronda los 12 pesos (41 por ciento de aumento con respecto al precio oficial), y en algunas ciudades (Mexicali, Cuernavaca, Hermosillo, Poza Rica) los 14 pesos (65 por ciento de incremento), de acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados de la propia Secretaría de Economía.

En síntesis, esas son las soluciones de los tres tristes secretarios de Economía del calderonato, que ni de lejos han resuelto el asunto del precio de la tortilla. Mientras le encuentran la cuadratura al círculo –si algún día se hace el milagro–, el Banco de México advierte que en la primera mitad de febrero los precios de las mercancías elevaron su contribución a la inflación, en gran medida como consecuencia de las alzas que registraron los precios de la tortilla de maíz. Por si fuera poco, el índice de precios de la canasta básica de consumo durante dicho periodo aumentó el doble que el índice general.

Las rebanadas del pastel

Por obra y gracia de la tecnocracia, el campo permanece en el olvido. México exporta espinacas, aguacates, acelgas y jitomates, y a cambio se ha convertido en uno de los principales importadores de alimentos. La mitad de lo que nos llevamos al estómago viene de afuera, en un país que producía de todo. Pues bien, el Fondo Monetario Internacional le pone la cereza al pastel a esta triste historia: el alza internacional en el precio de los alimentos dejó de ser una preocupación meramente financiera, porque, más allá del efecto que tendrá en la inflación el creciente costo de productos agrícolas, puede tener complicaciones sociales adversas.

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