Fue a la ex directora del penal femenil de Santa Martha Acatitla, Sara Leticia Morales Cartagena, a quien se le aplicó inyecciones de bótox en dicho centro y no a la interna Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, según reconoció la misma ex funcionaria en su declaración ante el Ministerio Público.

Sin embargo, en su investigación, la Procuraduría General del Distrito Federal (PGJDF), confirmó que los doctores Juan Manuel Chaparro González y Jorge Álvaro Acebo, ofrecieron a la Reina del Pacífico someterla a una cirugía estética, lo cual fue rechazado por la rea.

En su testimonio, Morales Cartagena afirmó que fue la ex directora del área médica del penal, Jessica Vicuña Santiago, quien gestionó el ingreso de los médicos y que de manera espontánea y gratuita se le ofreció aplicarle el tratamiento con la mencionada sustancia.

Según lo asentado en la averiguación previa, Vicuña Santiago, en compañía de Chaparro González, ingresó a la oficina de la ahora ex directora del penal, para decirle que el galeno se encontraba allí con el bótox y que se lo iban a aplicar, aparentemente sin realizar pago alguno.

A un mes de que se hizo público que Ávila Beltrán –presa por delitos contra la salud– fue sometida a un tratamiento estético en la prisión, la PGJDF concluyó que a la interna no se le inyectó bótox, como presumía la Subsecretaría del Sistema Penitenciario en la denuncia que presentó ante la Fiscalía de Servidores Públicos de la procuraduría por estos hechos.

Los dichos de la ex funcionaria fueron confirmados por Chaparro González y se espera que a más tardar el próximo lunes acuda a declarar Vicuña Santiago, para que aclare, entre otras cosas, el motivo el por el cual sacó del centro penitenciario el expediente médico de La Reina del Pacífico.

El titular de la PGJDF, Miguel Ángel Mancera Espinosa, señaló que según los testimonios, Morales Cartagena no fue la única empleada de dicho centro a quien se le inyectó la sustancia mencionada, aunque no dio nombres.

Sin embargo, la subsecretaría informó ayer que también fueron cesadas la subdirectora técnica, Linda Elizabeth López Rodríguez; la jefa de actividades culturales, Edith Velázquez Madrid, y la jefa de oficina de organización del trabajo, Elvia Consuelo Castro Sánchez, por su relación con los hechos.

Mancera Espinosa señaló que dará vista a las contralorías de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario y la Secretaría de Salud locales, para que por vía administrativa se investigue a los servidores públicos de ambas dependencias, amén de que continúa la investigación penal por su presunta responsabilidad en el delito de ejercicio indebido del servicio público, especialmente en el caso de Jessica Vicuña.

Lo anterior, porque para justificar el ingreso de dos médicos externos al penal, se elaboraron oficios en el sentido de que iban a aplicar una vacuna pentavalente a un niño, lo cual no fue cierto; además de que se les permitió la entrada con una sustancia distinta a la reportada.