El presidente de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía del Senado de la República, Carlos Sotelo, advirtió que el conflicto entre Carlos Slim y las dos grandes televisoras del país se debe en gran parte a que el gobierno de Felipe Calderón actúa como operador de una de las partes en conflicto, de Televisa, y el Congreso no cumple con su responsabilidad de crear un nuevo marco jurídico en materia de telecomunicaciones y radiodifusión.

El senador perredista recordó que desde 2007 está congelada en el Senado la reforma integral para los medios electrónicos, asunto que debería retomarse ahora, a fin de establecer las reglas y evitar pleitos como el que ahora escenifican los monopolios de las telecomunicaciones.

Sostuvo que se trata de una disputa descarnada de intereses económicos poderosos, de intereses particulares que se colocan por encima de los de la nación.

La confrontación entre el dueño de Teléfonos de México (Telmex) y las televisoras, fundamentalmente Televisa, da testimonio de la ausencia del Estado mexicano, que no asume su papel de regulador de un bien del dominio público, como es el espectro radioeléctrico.

A su juicio, ninguna de las partes en conflicto hablan con la verdad, se acusan mutuamente, pero es algo así como el comal le dijo la olla. Expuso que por un lado, hay una reacción de Telmex para enfrentar la incursión de Televisa en las telecomunicaciones, ya que la empresa de Emilio Azcárraga sabe perfectamente que la televisión abierta tiene un periodo de vida muy corto.

Por ello, lleva ya un buen tiempo, con el apoyo del gobierno federal, por cierto, transitando al campo de las telecomunicaciones, donde ha sido campeón Telmex.

Agregó que el consorcio de Slim, en tanto, pretende operar en la radiodifusión, pero ello requiere modificar su título de concesión y el gobierno federal no se lo autoriza. “En realidad, Calderón no ha querido licitar una segunda o tercera cadena de televisión, ni resolver el problema de la interconexión que reclaman empresas de telecomunicaciones, a fin de abatir los costos.

El senador Sotelo resaltó que ni unos ni otros quieren abaratar el servicio, ni disminuir las tarifas para que haya un impacto benéfico en la sociedad, sólo están defendiendo sus ingresos multimillonarios.

El gobierno de Felipe Calderón no puede resolver el conflicto, porque es operador de una de las empresas y por ello el Congreso tiene la obligación de intervenir, de crear un marco jurídico general que permita ordenar a las empresas de las telecomunicaciones.

Sotelo informó que esta semana convocará a una reunión de la comisión a su cargo para retomar la discusión del dictamen de una ley federal convergente.

Se hizo un intento en ese sentido el año pasado, que fracasó porque el PAN se echó para atrás a último momento, dijo. Ojalá haya ahora voluntad de las fuerzas políticas para hacerlo, a fin de que haya equidad en la industria de la radiodifusión y las telecomunicaciones y los ciudadanos se beneficien de la utilización de estas tecnologías.

Por su parte, industriales de la comunicación vieron con buenos ojos que la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado investigue el problema de las tarifas de interconexión entre las empresas telefónicas del país para promover cambios legislativos necesarios a favor de los usuarios.

Señalaron que desde hace tiempo se presentan diferencias entre varios operadores por las tarifas que se cobran al compartir sus redes cuando los usuarios realizan llamadas.

De acuerdo con el presidente de dicha comisión, Fernando Castro Trenti, esta medida es necesaria ante la falta de actuación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Y advirtió que si las autoridades continúan evadiendo su responsabilidad en el asunto, los mexicanos seguiremos condenados a pagar tarifas muy elevadas por el servicio telefónico.

Por ello, los senadores exigen al titular de la SCT, Dionisio Pérez Jácome, y a Mony de Swaan, de la Cofetel, que pongan orden para llegar a un acuerdo justo.