Los juicios de amparo promovidos por los tres magistrados del estado de Chihuahua que absolvieron a Rafael Barraza Bocanegra, homicida de Rubí Marisol Frayre, no detienen su proceso de juicio político ni autorizan su reinstalación en el Tribunal Superior de Justicia, informó el juzgado tercero de distrito con sede en Chihuahua.

Mediante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), la juez Alma Delia Delgado Ramírez informó el estado actual de los juicios de amparo 13/2011, 80/2011, 105/2011 y 106/2011, promovidos por los magistrados Netzahualcóyotl Zúñiga Vázquez, Catalina Ochoa Contreras y Rafael Boudib Jurado, los jueces del tribunal oral de Ciudad Juárez que absolvieron a Barraza.

Indicó que las suspensiones provisionales que han conseguido los magistrados sólo obligan al Congreso local, al Tribunal Superior de Justicia de la entidad y a las instituciones que indagan la probable violación de normas administrativas, a no emitir resolución hasta que concluyan los juicios de amparo.

El 29 de abril de 2010, los magistrados Zúñiga Vázquez, Ochoa Contreras y Boudib Jurado dictaron sentencia y absolvieron a Rafael Barraza Bocanegra del asesinato de Rubí Marisol Frayre, de 17 años, el 29 de agosto de 2008.

Meses después, en diciembre pasado, Marisela Escobedo, madre de la joven, fue asesinada por el grupo criminal al que pertenecía Barraza Bocanegra, mientras estaba en un plantón exigiendo justicia para su hija frente al palacio de gobierno del estado de Chihuahua.

Tras el homicidio, los tres magistrados afirmaron en conferencia de prensa que el Ministerio Público estatal no había entregado las pruebas suficientes para dictar una sentencia condenatoria contra Barraza, y por ello lo liberaron.

Según el magistrado Netzahualcóyotl Zúñiga, el presunto homicida nunca confesó haber cometido el asesinato.

Posteriormente, a los tres jueces se les suspendió en sus funciones en el Tribunal Superior de Justicia y se pidió un juicio político en su contra, por lo cual solicitaron la protección de la justicia federal y, mediante juicios de amparo, pretenden que se dé marcha atrás a las decisiones administrativas, se les reinstale en sus cargos y se considere improcedente que se les someta a juicio político.

Por lo que al juicio de amparo en el que piden ser reinstalados y que se desechen las medidas administrativas del Tribunal Superior de Justicia, el juzgado tercero de distrito explicó que el 15 de febrero concedió la suspensión solicitada para que se mantuvieran las cosas en el estado en que se encontraban en cuanto a la situación jurídica de los agraviados, sin que ello implicara obstaculizar las investigaciones inherentes al procedimiento administrativo del que derivan los actos reclamados, así como para que no se dictara la resolución correspondiente, reiterando la negativa de la solicitud de la parte incidentista para ser reinstalados en sus puestos por carecer la medida suspensional de efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de garantías correlativo.

En cuanto al juicio político, la suspensión se les concedió a los magistrados para el efecto de que, sin paralizar el procedimiento instruido, el Congreso local se abstuviera de dictar la resolución respectiva hasta en tanto se resolviera el juicio de amparo correspondiente.