La administración de la delegación Iztapalapa durante 2009, a cargo de Horacio Martínez Meza, no cumplió con las disposiciones marcadas por la ley, consideró la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que en su pliego de observaciones presume un probable daño a la Hacienda Pública Federal, por un monto de 80 millones 123 mil 400 pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Foramun-DF), por lo que se dio vista a la Contraloría General del Gobierno del Distrito Federal.

De acuerdo con el informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2009, la gestión del ex perredista no presentó la documentación que compruebe el gasto por 55 millones 147 mil 217 pesos que fueron destinados a gastos por combustible, servicios de energía eléctrica, adquisiciones, seguros y seguridad pública.

Además, se detectó que de los recursos asignados a la delegación se hizo una reducción de 22 millones 462 mil 831 pesos, misma cantidad que fue asignada a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal sin corresponder esta dependencia a una demarcación territorial del Distrito Federal ni beneficiaria directa del Foramun-DF.

Asimismo se pagaron 2 millones 246 mil 118 pesos por tres obras públicas que no fueron ejecutadas y que tienen los número de registro IZT-DGODU-LP-078-09, ITZ-DGODU-LP-098-09 y IZT-DGODU-LP-137-09 las cuales consisten en la sustitución de la red sanitaria y pluvial, la tercera etapa del centro deportivo Salvador Allende y la conservación y mantenimiento menor de 18 planteles educativos, respectivamente.

También se hizo la observación por trabajos ejecutados con deficiencias técnicas en la obra con el número de contrato IZT-DGODU-031-09 por un monto de 267 mil 345 pesos la cual consistía en la construcción de la segunda etapa del parque temático El Salado.

En todos los casos se señala en el pliego de observaciones del citado documento que al monto de los recursos destinados a la obra o gastos con irregularidad se le debe sumar los intereses generados desde su disposición hasta su reintegro a la cuenta del fondo, por lo cual el monto por un probable daño moral podría ser mayor.

Sin embargo, en el apartado que refiere las consecuencias sociales se destaca que la delegación Iztapalapa no recibió 22 millones 462 mil 831 pesos del monto asignado y no cuenta con la documentación original que justifique y compruebe los gastos centralizados que realizo la Oficialía Mayor del Gobierno del Distrito Federal por 55 millones 147 mil 217 pesos, situación que limitó verificar los beneficios previstos por el fondo a la población delegacional.

Ante los resultados se determinó que la Contraloría del Gobierno del Distrito Federal debe realizar las investigaciones pertinentes y en su caso, iniciar el procedimiento correspondiente por los actos u omisiones de servidores públicos o según sea el caso.