l contrastar dos casos de impartición de justicia que han atraído la atención pública en fechas recientes, nos topamos con una especie de paradoja que nos hace reflexionar.
El primero es el de un joven, protagonista del documental cinematográfico Presunto culpable, que es víctima de un error judicial que le lleva a prisión por largo tiempo; el juez, en dos ocasiones, lo condena a veinte años de cárcel por homicidio, a partir tan sólo de una prueba testimonial. Un primo de la víctima, que también fue agredido por quienes ultimaron a su pariente, reconoce al acusado y lo señala como el autor del delito.
Sus defensores, como nos muestra el documental, logran acreditar que en el primer proceso el acusado careció de defensor, puesto que quien firmó como tal no tenía título profesional auténtico. Con ello se anula el procedimiento y se abre de nueva cuenta el proceso, en el cual, con un severo interrogatorio al asustado y único testigo, consigue la defensa primero que enmudeciera y finalmente, cuando pudo hablar, reconociera que no le constaba que el acusado haya sido quien disparó el arma.
En el otro caso, en un juicio oral en el convulsionado estado de Chihuahua, tres jueces decidieron liberar a otro presunto autor del homicidio de su pareja; la resolución se dictó de viva voz ante el público asistente, lo que provocó un duro reclamo de la madre de la víctima, quien después, ante la indignación general, también fue asesinada. A los tres jueces que en un juicio oral liberaron al culpable se les vino el mundo encima.
Estos casos son emblemáticos; en uno, falla el viejo sistema, que si bien es acusatorio y público, no es oral en todas sus partes, y en el segundo el error se comete en un novedoso juicio oral celebrado, como dice un corrido norteño, “al estilo americano”.
En uno de los casos, la opinión pública y los medios se indignan porque se condena a un inocente con una prueba precaria; en el otro, la indignación se deriva de que se absuelve a un culpable por falta de pruebas suficientes, según adujeron los jueces que resolvieron el caso.
Todo esto nos tiene que hacer pensar en las medidas que se toman para corregir las anomalías de la procuración y la administración de justicia. ¿Por qué las fallas aparecen tanto en juicios con el procedimiento tradicional como en juicios nuevos? Pienso que hemos estado desde hace años empeñados en cambios superficiales o francamente cosméticos que no han tocado los puntos torales del problema.
Hago una digresión para ubicarnos: en el documental a que me refiero vemos al agobiado juez con la negra toga desabrochada, de pie y no en un estrado, al mismo nivel que abogados, testigos y empleados del juzgado y en un espacio reducido donde están todos tan cerca, que casi se tocan. Adoptar una vestimenta que no se había usado en México, sin modificar espacios y oficinas, ayuda a que la percepción que se tiene de nuestro sistema de justicia se acerque a lo caricaturesco.
La pregunta, en mi opinión, es si podemos toparnos con errores y fallos en el sistema actual, pero también en el novedoso que se quiere imponer a toda costa. ¿Cuál debe ser la actitud correcta que como comunidad podemos adoptar?
Una propuesta se ha venido expresando en un movimiento en favor de los juicios orales; mi opinión es que debe pensarse muy bien, con apertura, pero atentos a lo que puede estar detrás, y ver la propuesta con espíritu critico y a la luz de lo que pasó ante todos en Chihuahua y lo que sin tantos reflectores ha pasado también en otros lugares del país.
Por lo pronto, estamos ante una reforma judicial que se ha ido aprobando paulatinamente según, lo que parece, un plan a mediano y largo plazos; se inició con cambios a la Constitución para reforzar facultades policiacas, entre las cuales destaca la modificación al artículo 21 constitucional, que pone a las policías, así en plural y en general, a la altura del Ministerio Público. De ahí se ha pasado al intento de implantar en algunas entidades los juicios orales y una propuesta para sustituir a la institución del Ministerio Público, encabezada por los procuradores, por fiscalías carentes de la facultad de investigar delitos, función que se deja a la policía.
Se trata de un intento que va a fallar nuevamente; es mejor que reforcemos las instituciones que ya tienen arraigo en México, dotándolas de buenos elementos, supervisión y capacitación, que intentar un ensayo peligroso, que ya ha dado frutos negativos en muchos lugares: dejar la investigación de los delitos en manos de los policías y reducir el papel de los fiscales a simples abogados de la acusación durante el proceso judicial.
