La Procuraduría General de la República (PGR) optó por el arraigo de Julián Zapata Espinoza, El Piolín, detenido el pasado miércoles por efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) como presunto autor material del atentado contra dos agentes estadunidenses en San Luis Potosí, en lugar de ponerlo a disposición de Juan de Dios Monreal Cuéllar, juez cuarto de distrito de procesos penales federales en esa entidad.

La obligación legal de los fiscales era entregar a El Piolín al juez Monreal, quien en enero pasado emitió una orden de reaprehensión en su contra, indicaron funcionarios del Poder Judicial Federal.

Explicaron que lo procedente era enviar a El Piolín a un reclusorio en San Luis Potosí, para que quedara a disposición del juez que lo reclama por delitos anteriores al caso de los agentes de Estados Unidos.

Agregaron que el presunto sicario de Los Zetas ya no tendría derecho a la libertad bajo fianza por haberse fugado en una ocasión anterior.

Ya en la cárcel, los fiscales podían ejercitar una nueva acción penal contra el presunto sicario, ahora por el caso del homicidio de un elemento de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) estadunidense, asesinado hace tres semanas en un carretera de San Luis Potosí.

Un secretario de acuerdos de un juzgado federal, que habló con este diario sobre el caso de El Piolín, refirió que los fiscales prefieren incumplir con lo establecido en el Código Federal de Procedimientos Penales para realizar acuerdos con los detenidos durante el periodo de arraigo, y convertirlos en testigos protegidos.

Estrategia de la SIEDO

Está ocurriendo con frecuencia que los fiscales de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) optan por la medida de arraigo, aunque existan órdenes de aprehensión vigentes, para exprimir lo más que puedan a los detenidos, volverlos testigos protegidos y utilizarlos en otras indagatorias, precisó el funcionario consultado.

El Piolín y dos detenidos más están involucrados en el ataque a los agentes Jaime Zapata y Víctor Ávila, integrantes de la ICE, cometido el pasado día 15 en San Luis Potosí.

El pasado sábado, la SIEDO informó que solicitó y obtuvo de un juez de distrito especializado en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones la medida cautelar de arraigo contra Luis González Villarreal o Julián Zapata Espinoza, El Piolín; la esposa de éste, Magali Chaim Castillo López; Iván Quezada Peña o Jesús Iván Quezada Piña, otro de los involucrados en el atentado contra los agentes de ICE, en el cual también resultó herido Víctor Ávila.

Otros arraigados fueron identificados como Mario Domínguez Realio, Armando Álvarez Saldaña y Rubén Darío Vanegas Rivera o Rubén Darío Venegas Rivera, El Catracho, tercer presunto participante en el atentado contra los agentes de Estados Unidos.

También se dio a conocer que quedaron bajo arraigo Martín Bárcenas Tapia, Diana Margarita Guerrero Moreno y Roxana Mireya Ríos Velázquez o Roxana Mireya Ruiz Velázquez.