La trasnacional estadunidense Sempra Energy obtuvo permiso para generar energía eléctrica destinada a la exportación, prohibiéndole la venta de electricidad a ciudadanos o empresas mexicanas.

Sempra incumplió el permiso otorgado por el gobierno de México al negociar contratos de venta de energía eléctrica a empresas mexicanas. El diseño de la transacción establece que industrias como Bimbo y Jumex, y una veintena más de origen nacional, adquieren la electricidad de la firma estadunidense que triangula el abasto de la misma, enviando por sus vías de transmisión la energía al estado de Arizona y de ahí regresa a suelo mexicano.

En agosto de 2001 Dionisio Pérez Jácome, quien se desempeñaba entonces como presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) –hoy secretario del ramo–, firmó el permiso cuyo texto establece la prohibición expresa a Sempra para vender a mexicanos la energía que produce:

Las condiciones de generación de este permiso sólo podrán modificarse con la previa autorización de la Comisión Reguladora de Energía. La energía eléctrica que se genere al amparo de este permiso se destinará total mente a la exportación, salvo lo contenido en las condiciones décima y decimoprimera del presente contrato.

Éstas advierten que en caso fortuito o de fuerza mayor, la permisionaria (Sempra Energy) estará obligada a proporcionar, en la medida de sus posibilidades y mediante el pago correspondiente, la energía eléctrica requerida para el servicio público. Y cuando el interés general y la seguridad, eficiencia y estabilidad de dicho servicio se vea afectado.

Ahora, Sempra Energy ha iniciado una campaña mediática para justificar el concepto de empresa estratégica para el sistema energético del país, señalando que vende gas a más de 20 firmas mexicanas que operan en la región norte de la península de Baja California.

Estas empresas, entre las que se encuentra la Comisión Federal de Electricidad (CFE), han establecido contratos con la trasnacional. No obstante, ya funcionaban y operaban desde muchos años antes de que se instalara Sempra en la región. La razón por la que las empresas mexicanas han firmado contratos con Sempra es porque ofrece el gas licuado natural –que no es de uso doméstico– a precios más bajos de el que vende Petróleos Mexicanos.

En la página de Internet Los daños de Sempra en México se señala que los precios bajos con los que la trasnacional vende el gas licuado natural son resultado de la sobrexplotación trabajadores en Bolivia, Rusia y Tailandia.

Además, subyace el hecho de que la planta regasificadora Costa Azul, que se localiza en Ensenada y es propiedad de Sempra, funcionaría originalmente para abastecer de gas licuado natural a la termoeléctrica de Mexicali –también propiedad de Sempra– que a su vez produciría energía de exportación y consumo para el estado de California, en Estados Unidos.

De tal forma, Sempra y las autoridades mexicanas, advierte Jaime Martínez Veloz, impulsor del movimiento que pretende que Sempra cumpla con la ley y garantice la seguridad de los ciudadanos de Ensenada, están obligadas a clarificar e informar a la opinión pública en general, por qué se ha permitido hasta la fecha que la trasnacional opere con irregularidades que hemos comprobado y documentado en su complejidad. Nuestra demanda es que Sempra integre la zona de resguardo para evitar riesgos a la población en Ensenada, genere más empleos y no sólo los 80 que mantiene en sus dos instalaciones más importantes y demuestre que sí paga impuestos.

A esto se suma que hace unos días en Baja California se dio a conocer una lista de parientes y socios del ex gobernador Eugenio Elorduy Walther, vinculados a Sempra Energy: su hija Erika Elorduy, quien se desempeña como apoderada de la empresa DGN, asociada con Sempra, y de Enova Internacional, ligada a Sempra. Gustavo de Hoyos Walther, sobrino del ex gobernador y representante de Sempra Energy ante el Poder Judicial Federal. Bernardo Martínez Aguirre, secretario de Gobierno en la administración de Elorduy, hoy abogado y operador de Sempra Energy. Benito Reyes Corrales, secretario particular del secretario de Gobierno Bernardo, Martínez, se desempeña como asesor jurídico de la empresa. Y Francisco Molina Robles, socio y operador de Elorduy, hoy apoderado de la empresa DGN fusionada con la trasnacional.