a crisis del Estado mexicano asoma por todas sus aristas. Frente al entorno de nota roja en que nos hemos convertido, y en el afán de no ceder a la tentación de la irrelevancia de otros problemas de fondo, podemos acercar la mira al Poder Legislativo, cuya conformación actual se convirtió en el imaginario social en la expresión concreta de que la transición democrática avanzaría.

Sin embargo, de la muy larga época del priísmo y su nada real división de poderes se ha transitado a la conformación múltiple de siglas que no necesariamente representan claras posturas programáticas. Un indicador desafortunado de la cerrazón y complicidad del Legislativo con el proyecto neoliberal, apuntalado de manera destacada por el salinismo, lo encontramos en las decisiones asumidas respecto de los pueblos indígenas. Del vacío constitucional que prevaleció hasta 1992 encontramos dos momentos fallidos. El de la muy exigua adición al artículo cuarto constitucional que reconocía que México es una nación pluricultural sustentada en la presencia de los pueblos indígenas para luego delegar a una ley (que nunca existió) un catálogo culturalista que excluía a la autonomía. Dicha reforma fue objetada por el movimiento indígena nacional, el cual encontraría un espacio histórico de expresión en los diálogos del EZLN con el gobierno federal, que derivaron en la firma en 1996 de los acuerdos de San Andrés, cuyo incumplimiento se hizo patente con la contrarreforma de 2001.

Ya hemos analizado y denunciado exhaustivamente las distorsiones presentes en el artículo segundo constitucional con objeto de impedir la posibilidad de ejercicio autonómico de los pueblos indígenas. En ese golpe, como sabemos, se involucró con su aval la representación en el Senado del Partido de la Revolución Democrática. Se sumó a la razón de Estado que ubicó a los pueblos indígenas como un peligro para el avance del proyecto económico de enajenación nacional, una de cuyas expresiones más álgidas se encuentra en la masiva entrega de territorios concesionados a empresas extractivas extranjeras. Si no se escuchó a los pueblos, ni qué hablar de atender la recomendación del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas: El Estado parte debe considerar la revisión de las disposiciones pertinentes de la Constitución reformadas en el año 2001, en consulta con los pueblos indígenas (sesión de 8 y 9/3/10) .

Así las cosas, encontramos que es necesario mostrar que el Poder Legislativo está inmerso, como alarmante tendencia, en la lógica de la iniciativilandia y los puntos de acuerdo. Es penoso que desde sus propios recintos esté asumiendo la necesidad de tomar medidas para lograr la caducidad de las iniciativas, pues la congeladora está rebasada. Las razones de tan gélido destino encierran intereses y también ideología; basta observar la reforma sobre derechos humanos, a la que esperaríamos celebrar como lo hacemos ya con la ley sobre migración aprobada en el Senado.

Hoy pareciera que cada legislador o legisladora, con algunas dignas excepciones, se legitima presentando iniciativas independientemente de su viabilidad. Lo peor del caso es que se publican informes, no sobre leyes y sus debates, sino sobre iniciativas, las cuales por cierto no se muestran en su contenido. Tales prácticas han trascendido en esta era de la alternancia y los representantes del Estado las ostentan ante instancias internacionales. Es el caso del informe que se presentó al Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas: En 2008, se presentaron 47 iniciativas ante el Congreso de la Unión para reformar el marco jurídico federal en temas trascendentales para el desarrollo indígena, aprobándose una de ellas, que derivó en el decreto por el que se reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, para fortalecer la certificación voluntaria de predios. (Noveno periodo de sesiones, Nueva York, 19 al 30 de abril de 2010, E/C.19/2010/12/Add.3). Con estas lógicas, desde 2002 se presentaron en el Senado múltiples iniciativas, todas sin consulta previa ni consentimiento previo libre e informado, como establece el derecho internacional respectivo. El Senado aprobó la relativa a consulta y se remitió a la Cámara de Diputados; luego desde el propio Senado se presentó otra iniciativa sobre el tema. La Cámara de Diputados no se puede quedar atrás en esta feria y presentó dos más. Pese a que las conviertan en una, seguirá siendo inconsulta y lamentablemente es muy fácil concluir que no se supera la visión de foro de opinión, muy lejos de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de las recomendaciones sucesivas de la OIT. Y luego se sorprenden del distanciamiento profundo de los pueblos indígenas frente al Estado que de manera sistemática les ha fallado.