El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) emitió un acuerdo para que los siete juzgados federales especializados en cateos, arraigos e intervenciones de comunicaciones telefónicas privadas atiendan también las solicitudes de la Procuraduría General de la República (PGR) para requerir a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y a las empresas comercializadoras información sobre números telefónicos, llamadas y suspensión de líneas, entre otros datos privados.

El pleno del órgano encargado de administrar a los más de 600 tribunales federales modificó las atribuciones de esos siete juzgados encargados de medidas cautelares, con el fin de adecuarlas a las recientes reformas en materia de secuestros.

La ley antisecuestros fue publicada el 30 de noviembre pasado en el Diario Oficial de la Federación, y entró en vigor ayer.

Antes de su vigencia, los trámites de solicitud de información a los concesionarios de telefonía los hacía directamente el agente Ministerio Público, sin mediar la autoridad judicial.

De esa forma, el CJF adecuó las atribuciones de dichos juzgados al artículo 25 de la nueva Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.

Ese apartado normativo dice que, mediante mandato judicial, los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y empresas comercializadoras de dichos servicios deben proporcionar la información que requiera la PGR sobre historial, registros y datos de las llamadas telefónicas y titulares de líneas.

En el acuerdo general 6/2011, el CJF delega la responsabilidad de resolver estas solicitudes a los siete juzgados, que despachan en el Distrito Federal.

La nueva disposición entra en vigor este martes, y será efectiva durante la etapa de averiguación previa; es decir, antes de que el Ministerio Público consigne a un detenido ante el juez respectivo.

Los juzgados que atiendan estas peticiones deberán resolverlas antes de que termine su turno y subir sus resoluciones al sistema electrónico, con el fin de que la PGR y los titulares del Centro de Investigación y Seguridad Nacional y Policía Federal tengan una copia electrónica inmodificable para su impresión.

Dichos órganos de medidas cautelares recibirán las solicitudes de la PGR vía electrónica y mediante un convenio previo con el área ministerial específica, para validar el origen de los requerimientos y evitar fugas de información.