La presunta narcotraficante Sandra Ávila Beltrán, La Reina del Pacífico, fue trasladada ayer del centro femenil de readaptación social de Santa Martha Acatitla a un penal federal ubicado en Tepic, Nayarit, informaron funcionarios del Sistema Penitenciario del Gobierno del Distrito Federal y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal.

Con ella fueron trasladadas seis internas más con procesos por delitos del fuero federal, sin precisarse el destino de éstas.

En semanas recientes, Ávila Beltrán estuvo relacionada con una investigación que realizó la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) luego de que algunos medios de comunicación difundieron que se le aplicó un tratamiento estético en el centro carcelario capitalino, lo que desmintieron autoridades locales.

La subsecretaria del sistema penitenciario en el Distrito Federal, Celina Oseguera, indicó ayer en entrevistas que de conformidad con los términos de los acuerdos vigentes con la Federación, la SSP federal determinó llevar a sus propias instalaciones a las detenidas en el penal de Santa Martha Acatitla que estaban sujetas a diversos procesos y juicios de extradición

Estas internas continuarán con sus juicios en el interior de las instituciones penitenciarias federales, refirió Oseguera.

Dijo que con este grupo suman 78 presas que de 2010 a la fecha han sido llevadas a instituciones penitenciarias administrados por la Federación, incluidas las islas Marías.

Estamos trabajando de manera coordinada para trasladar a los internos federales a sus lugares de origen o a sitios administrados por el gobierno federal, como una medida para abatir la sobrepoblación, refirió la funcionaria capitalina.

Se informó que los nombres de las internas que han sido trasladadas serán dados a conocer a sus familiares y/o abogados debidamente acreditados por las áreas de trabajo social y jurídico del penal de Santa Martha Acatitla.

Sandra Ávila tiene pendientes dos resoluciones judiciales en tribunales mexicanos que definirán su fututo legal: una está relacionada con un juicio de amparo en contra de la cancillería, que autorizó el año pasado su extradición a Estados Unidos.

La segunda es la revisión de una sentencia absolutoria que solicitaron autoridades mexicanas luego de que en diciembre pasado un juzgado federal ordenó la libertad de Ávila por no encontrar pruebas suficientes que sustenten un proceso en su contra.