Nataniel Hernández Núñez, José María Martínez Cruz y Eduardo Alonso Martínez Silva, abogados del Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa, detenidos el 22 de febrero al cabo de una movilización del Consejo Autónomo Regional de la Zona Costa de Chiapas, exigieron hoy su liberación inmediata, así como la cancelación de órdenes de aprehensión contra integrantes del Frente Cívico Tonalteco y garantías de seguridad para los defensores de derechos humanos en el estado.

Además, este lunes se dio a conocer un pronunciamiento internacional para exigir la libertad inmediata y sin cargos de los detenidos de la costa de Chiapas y San Sebastián Bachajón, cese del hostigamiento y las agresiones hacia las comunidades, luchadores sociales y defensores de derechos humanos. Firman los intérpretes Manu Chao y Amparo Sánchez, la Asociación de Trabajadores del Estado (Argentina), el Grupo de Investigación en Derechos Humanos y Sostenibilidad de la Cátedra UNESCO de la Universidad Politécnica de Cataluña y Global Exchange, entre decenas de organizaciones y personas del Estado Español, Francia, Austria, Italia, Colombia, Argentina, Chile, Honduras, Perú, Brasil, Ecuador, México y Estados Unidos.

Desde el Centro de Reinserción Social para Sentenciados número 14, El Amate, donde se encuentran recluidos bajo el cargo de motín, los tres abogados costeños recapitulan cómo fueron aprehendidos y de qué manera las autoridades judiciales de Chiapas violaron sus garantías procesales.

Al encontrarnos en una mesa de diálogo con representantes de gobierno del estado, entre ellos Fernando López Altúzar, representante de Noé Castañón León, secretario de Gobierno, y enviados del Consejo Autónomo Regional, recibimos una llamada para solicitarnos apoyo para documentar violaciones a derechos humanos, ya que hombres, mujeres y niños estaban siendo detenidos por la policía sectorial sin causa justificada.

Las detenciones, arbitrarias y con violencia física y verbal por parte de la policía sectorial, ocurrieron en Pijijiapan, luego de una movilización del Consejo Autónomo Regional, adherente de la Sexta declaración de la selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, para demandar, entre otras cosas, la liberación de 10 indígenas de San Sebastián Bachajón, también de la otra campaña, encarcelados desde principios de febrero.

Los abogados sostienen que se les aprehendió sin haber cometido ningún ilícito y como forma de callar que la actuación policiaca se realizaba fuera de la ley, sin existir ya bloqueo alguno. Al ser detenidos y durante su traslado a la fiscalía de la zona Costa-Istmo en Tonalá se nos golpeó, insultó y amenazó. Los policías que los custodiaban utilizaron expresiones como: pendejos de los derechos humanos, pinches abogadillos, por más que sean abogados los va a cargar la chingada.

Permanecieron incomunicados y la fiscalía se negó a proporcionar información sobre la situación jurídica de los demás detenidos, que inicialmente fueron más de 50. Denuncian además coacción sicológica y física del personal de la fiscalía para que 13 de los detenidos hicieran señalamientos contra los abogados del Centro Digna Ochoa, quienes nos encontrábamos realizando observación y documentación ante posibles violaciones a derechos humanos.

Hernández Núñez, Martínez Cruz y Martínez Silva apuntan: se nos mantuvo en una celda distinta a la de los otros detenidos, a quienes al rendir sus respectivas declaraciones ministeriales no se les permitió designar abogado de confianza, sólo defensores que la fiscalía proporcionó, lo que pone en duda su imparcialidad. Dichos detenidos firmaron declaraciones sin que se les permitiese revisarlas.

Especifican otras irregularidades y violaciones al debido proceso, ya que el fiscal del Ministerio Público no nos notifica nuestra situación jurídica, durante las declaraciones se cierra la fiscalía, no se nos da aviso de nuestro traslado, se nos limita a subirnos a las camionetas y llevarnos a la fiscalía especializada de delitos contra la mujer.

Por su parte, el consejo autónomo de la costa convocó a una marcha-caravana de Tonalá a Tuxtla Gutiérrez este miércoles 2 de marzo, plazo en que la autoridad judicial deberá determinar si se dicta auto de formal prisión o de libertad a los defensores.