La apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado nacional y extranjero en áreas de exploración y explotación, a través de la asignación de contratos incentivados, generó reacciones diversas pero dejó una sensación de incertidumbre entre miembros profesionales del consejo de administración de la paraestatal.

Fluvio Ruiz Alarcón, consejero profesional de la paraestatal, afirmó que los contratos desde un inicio representan la frontera ideológica de lo aprobado en 2008, y por lo mismo el uso intensivo de este instrumento puede conllevar dos riesgos. Por un lado, que se utilicen de manera indiscriminada, sin una estrategia clara y definida, que puede llevar a que Pemex se termine convirtiendo en una especie de departamento administrativo del petróleo.

Por otro lado, agregó, existe el riesgo de que una vez que se han aprobado, las empresas trasnacionales presionen con toda su fuerza a la administración de Pemex, en el sentido de transgredir la fina línea que separa lo constitucional de lo que no lo es.

El consejero consideró que los contratos incentivados caben en la reforma aprobada en 2008, cuya constitucionalidad, dijo, nunca fue cuestionada jurídicamente sino sólo políticamente. Por lo mismo opinó que el esquema jurídico está firme.

No hay ninguna actividad prevista en esos contratos que no estén realizando ya terceros. En realidad el debate es sobre la conveniencia o no de recuperar la capacidad directa de Petróleos Mexicanos, la cual está considerada en artículo 7 de la ley de Pemex, que mandata a la administración de la empresa a generar valor económico siguiendo una serie de criterios, entre ellos, el de incrementar la capacidad directa de ejecución de la paraestatal, explicó Fluvio Ruiz.

Precisó: Pemex define el programa anual de trabajo, el presupuesto y supervisa las labores cotidianas del contratista. En el caso de no encontrar nada, el contratista sólo recupera 70 por ciento de los costos incurridos, y en caso de encontrar, entra en operación una fórmula compleja que consiste en este 70 por ciento de los costos, más una ecuación que, entre otras variables, incluye el volumen de producción.

Este modelo de utilidad, acotó, está diseñado con dos objetivos: por un lado, que el pago total que reciba el contratista se mueva en los rangos de la remuneración industrial normal en la industria petrolera, entre 12 y 15 por ciento de la ganancia sobre lo invertido; por otro lado garantiza que Pemex nunca pierda, como ocurre en Burgos, y nunca pierda después de impuestos.

Otro consejero profesional de Pemex, Rogelio Gasca Neri, manifestó que la aplicación de los contratos incentivados es anticonstitucional y, por lo mismo, dijo, no contó con su aval ni su voto desde un principio.

Yo no puedo avalar contratos que desde el principio consideré que eran anticonstitucionales y por lo tanto no asistí a la primera reunión en la que participó el nuevo secretario de Energía, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó Gasca Neri, ex subsecretario de Hacienda, ex subsecretario de Infraestructura de Comunicaciones y Transportes, y ex director general de la CFE.

Por su parte, Juan Antonio Barges Mestre, ex subsecretario de Hidrocarburos y ahora ejecutivo del sector privado, consideró que una de las principales fallas de los contratos incentivados radica en haber establecido un piso de 40 por ciento de contenido nacional de los insumos que utilicen las empresas ganadoras de las licitaciones. México, dijo, debe seguir el modelo abierto por otros países como Brasil, donde se exige al menos 75 por ciento de contenido nacional, o Noruega, que es de 100 por ciento.

Se debe aprovechar la riqueza petrolera para impulsar la industria nacional de proveeduría y el desarrollo tecnológico, apuntó.

Barges Mestre afirmó que durante muchos años los recursos invertidos en el sector petrolero han sido bajos y consideró que los contratos incentivados son una forma de avanzar, pues se requiere elevar no sólo la producción, sino la refinación e impulsar la industria petroquímica.

Es increíble lo que el país gasta en la importación de petrolíferos. Tenemos que reducir no sólo la importación de gasolinas, sino también la de productos petroquímicos que representan un gasto por alrededor de 18 mil millones de dólares al año.