El gobierno de Barack Obama tenía planes para México en 2010: Ayudaremos al gobierno a consolidar las instituciones penales del poder civil y a retirar gradualmente a los militares de la vigilancia en las calles, una tarea para la cual no tienen ni atribuciones legales ni capacitación. Contaba, para lograr su objetivo, con un compromiso sin precedente por parte de la administración de Felipe Calderón.

Esto consta en el cable 10MEXICO0202 de la embajada de Estados Unidos titulado Avances de 2009, desafíos para 2010, ventilado por Wikileaks a La Jornada. Es un amplio documento que establece que la relación bilateral nunca había estado más sólida. Un texto que demuestra que, mientras más estrecha es la amistad, más descarnadas son las presiones.

El cable está fechado el 21 de enero de 2010. El último trimestre de 2009 había transcurrido enmedio de un intenso cabildeo, ejercido por una batería de altos funcionarios que agendaron, una tras otra, una serie de viajes de trabajo para reunirse con sus homólogos en México. Primero fue la secretaria de Estado, Hillary Clinton, que vino a hablar con la canciller Patricia Espinosa en septiembre. Luego John Brennan, jefe del Consejo de Seguridad Nacional; Jacob Lew, subsecretario del Departamento de Estado (responsable de los financiamientos internacionales); Arturo Valenzuela, responsable del Departamento de Estado para Asuntos Hemisféricos; Dennis Blair, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia; Paul Stockton, secretario de Defensa adjunto, y el general Victor Renuart, del Comando Norte. Todos con objetivos muy claros.

Estas visitas dejaron organizadas varias estructuras de trabajo bilateral coordinadas directamente con las instituciones estadunidenses para garantizar el cumplimiento de sus objetivos.

Un ejemplo es el grupo de trabajo en temas de defensa. Es dirigido directamente por Stockton, responsable de la Seguridad Hemisférica dentro del Pentágono. Trata con sus contrapartes de la Secretaría de la Defensa una agenda ampliada para la modernización de la institución militar. También hay una unidad dirigida desde el Comando Norte que, según el comunicado, desarrolla un programa de capacitación en derechos humanos que incluye temas de justicia militar y nociones de protección de civiles en el marco de la doctrina castrense. Todo esto en atención a las legítimas preocupaciones de los congresistas y la comunidad de organizaciones no gubernamentales por las fallas en el área de derechos humanos.

Una discusión brutal y honesta

En los párrafos relativos a temas de seguridad, la sede diplomática le reconoce a las autoridades mexicanas algunos éxitos en sus operativos antinarcóticos. Para entonces los dos países habían superado fricciones creadas por el Departamento de Estado medio año antes, cuando condicionó el desembolso de los fondos de la Iniciativa Mérida a la calificación que la Casa Blanca le diera a los cuerpos de seguridad mexicanos por su comportamiento en materia de derechos humanos. Los recursos comprometidos ya fluían a inicios de 2010. Un total de 700 millones de dólares en asistencia técnica y capacitación esperaban ser aplicados ese año.

El cable cita un antecedente, un auténtico jalón de orejas que, se infiere, habría servido como correctivo a la poco eficiente Policía Federal. “La integración de los servicios de inteligencia y operativos están mejorando. Hubo a mediados de diciembre una fallida operación para capturar a Arturo Beltrán Leyva, lo que nos llevó a una discusión brutal y honesta con las autoridades mexicanas. A la semana siguiente (16 de diciembre, en Cuernavaca) las fuerzas especiales realizaron un operativo bien conducido para rastrearlo (en realidad fue acribillado por elementos de la Marina). Aun así –continúa el reporte de la embajada– los traficantes no descansan, como lo demostró el trágico asesinato de la familia de uno de los marinos que participaron en la captura de Beltrán Leyva. El presidente le aseguró personalmente al embajador (Carlos Pascual) que no retrocederán y que su determinación es más fuerte que cualquier otra situación”. Otros cables han revelado que este golpe al cártel de los Beltrán Leyva se logró con las aportaciones de inteligencia estadunidense.

Un nuevo punto de partida

La intención del gobierno de Obama para su segundo año en la Casa Blanca no se limitaba a intervenir en el diseño de las instituciones judiciales de su vecino del sur, sino que –agrega– emprenderemos un nuevo diálogo sobre derechos humanos e implementaremos un grupo de trabajo bilateral para modernizar al Ejército.

Era un punto de partida nuevo. “Ya no estamos centrados en la captura de objetivos de alto nivel (de los cárteles) aunque sigue siendo necesario. Ahora vamos a penetrar a las organizaciones de narcotráfico como corporaciones y, paralelamente, vamos a crear instituciones civiles para reforzar el estado de derecho. Necesitaremos mayor personal de inteligencia, especialmente para rastrear los flujos de dinero. Contamos –explican– con un excelente equipo de expertos de varias agencias en la embajada, y la Dirección Nacional de Inteligencia y otras dependencias están involucradas al más alto nivel”.

“Ayudaremos...

El gobierno de Calderón, por supuesto, está de acuerdo. Dice el cable: Como resultado de nuestras conversaciones, el gobierno de México se prepara para bajar el perfil de la actuación de los militares en las ciudades fronterizas. Antes habían viajado misiones bipartitas a Ciudad Juárez y El Paso, a Tijuana y San Diego, para estudiar la situación. Y en Juárez ya habían sido sustituidos los militares por la Policía Federal. Ahora sabemos que bajo una directriz estadunidense.

Trabajo discreto con legisladores

En un documento de balance general del año anterior, transmitido el 4 de febrero de 2009 al recién llegado gobierno en Washington, no se menciona la necesidad de retirar al Ejército del combate al narcotráfico. Parece más bien un material de introducción a la materia. Es el cable 09MEXICO283. En él se explica que una de las prioridades de la embajada es “irrumpir en los cárteles de la droga, responsables de la introducción de entre 60 y 80 por ciento de la cocaína a Estados Unidos, y desmantelar estos grupos”.

Para lograrlo, dicen, “debemos ayudar a México a construir mejores instituciones judiciales, comprometidas no sólo a atacar a los cárteles sino a combatir la corrupción interna”, ya que el público las concibe como corruptas e ineptas. Como en otros documentos similares, abunda en el hecho de que los militares, la seguridad pública, las procuradurías, los organismos de inteligencia y las policías federales, estatales y municipales están atravesadas por la desconfianza entre ellos mismos.

Las limitaciones e insuficiencias del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y las fallas del sistema judicial también son objeto de una larga descripción. Revela el cable: Estamos trabajando discretamente con algunos legisladores para diseñar la reforma judicial. También la PGR es objeto de estas asesorías. Les aconsejan, entre otras cosas, adoptar una legislación similar a la que se aplica en Colombia para la extinción de dominio de bienes confiscados a los narcotraficantes para golpearlos donde más les duele: sus propiedades.

Enlaces:

Esta nota con vínculos a los cables

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks