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Aprueba la Comisión de Defensa del Senado utilizar a todos

Hasta administrativos de la Sedena combatirán el crimen
 
Periódico La Jornada
Miércoles 2 de marzo de 2011, p. 9

A puerta cerrada, la Comisión de Defensa del Senado de la República aprobó ayer la iniciativa del presidente Felipe Calderón por la que se posibilita que el Ejército pueda disponer de todo su personal, entre ellos los profesionistas y administrativos, para pasarlos al servicio activo a fin de que participen en el combate al crimen organizado.

A la reunión de esa comisión –que encabeza el priísta Jorge Mendoza– no asistieron senadores del PRD, pero la mayoría panista y del tricolor aprobaron el dictamen de esa controvertida iniciativa que el Ejecutivo remitió a Xicoténcatl el 18 de noviembre del año pasado.

El dictamen por el que se aprueba sin cambios la iniciativa de Calderón establece que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) podrá disponer de ingenieros, médicos, enfermeras, dentistas, meteorólogos y trabajadores administrativos del instituto armado para incorporarlos a las tareas activas del Ejército y la Fuerza Aérea, a fin de hacer frente a situaciones de emergencia.

La mayoría de los legisladores del PRD está en contra de esa reforma, excepto el senador Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Defensa, quien aclaró que firmará el dictamen, ya que la intención es tener fuerzas armadas profesionales, donde todos cuenten con adiestramiento militar suficiente.

Dijo que incluso quienes hicieron el servicio militar y pertenecen por ley a la Guardia Nacional, y aunque nunca antes ha ocurrido, podrían ser llamados a tener suficiente adiestramiento militar.

Sin embargo, sus compañeros de bancada Pablo Gómez y René Arce advirtieron que votarán en contra ya que, coincidieron, no están de acuerdo en que se involucre a todo el personal de las fuerzas armadas en la guerra de Calderón.

El senador del PAN Felipe González justificó la propuesta presidencial. Dijo que el Ejército se ha convertido en la policía del país; más de 90 mil de sus integrantes están asignados a tareas de seguridad pública y los estados y municipios no han cumplido con su compromiso de modernizar y depurar a sus cuerpos policiacos y los militares por tanto no pueden regresar a sus tareas habituales.

En el dictamen de la Comisión de Defensa se insiste en que los cambios a la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea van encaminados a disponer de tropas preparadas profesionalmente y mejor adiestradas.

La principal modificación es al artículo 164 de ese ordenamiento, donde se especifica que el personal del Ejército y la Fuerza Aérea podrá ser reclasificado de un servicio a un arma.

En la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea se especifica que las armas son los componentes del Ejército Mexicano, cuya misión principal es el combate, vía la infantería, la caballería, la artillería y la blindada.

Al personal de servicios, en tanto, se le define como componentes cuya misión principal es satisfacer necesidades de vida y operación por medio del apoyo administrativo y logístico.

El interés de reclasificar al personal para ser trasladado de un área de servicio a una de arma es la urgente necesidad de incrementar el número de efectivos que serán enviados a tareas de combate, se recalca en un estudio realizado por la asesoría de la bancada del PRD.

La iniciativa faculta al titular de la Sedena para decidir el paso del personal técnico al área de combate, toda vez que la reclasificación de arma a servicio sólo procederá por disposición del funcionario.

Se modifican los artículos 191, 193 y 195 de esa ley para homologar los grados iniciales de los profesionistas que se gradúen en instituciones educativas militares. Todos ingresarán al servicio armado en el grado de subtenientes.

Al respecto, el senador Pablo Gómez (PRD) preguntó por qué se presenta esta reforma precisamente ahora. Dijo que en abstracto puede estar de acuerdo en que las necesidades de un ejército estén por encima de la comodidad personal de sus integrantes, pero no en una iniciativa que “lo vincula a la llamada guerra de Calderón contra el narco”.

Rene Arce expuso que no puede aceptarse un cambio de esa naturaleza, sobre todo porque no hay sustento constitucional ni legal en la incursión de los militares en esa lucha.